El 12 de octubre pasado, Evo Morales se convirtió en el tercer presidente de Bolivia que ganó las elecciones por mayoría absoluta, y el primero elegido por tres periodos seguidos.
Su mandato irá desde el 2005 hasta el 2020, que para los críticos significa un exceso. Sin embargo, no se debe olvidar que el presidente norteamericano Franklin Roosevelt fue elegido para cuatro periodos seguidos, y el canciller alemán Helmut Kohl gobernó durante dieciséis años.
Durante los dos periodos de Morales, la economía boliviana ha crecido un 5,2% anual como promedio, y también aumentó el ingreso per cápita.
Así se ha logrado un crecimiento y una redistribución de la riqueza al mismo tiempo, reduciendo la pobreza en un 25%. En el 2009, el Banco Mundial cambió la posición de Bolivia: de país de ingresos bajos, lo pasó a país de ingresos medios. Eso desconcertó a los economistas tradicionales que se apresuraron a anticipar el fracaso del líder boliviano. Este, en un primer momento, enfrentó la resistencia de los grupos empresariales y ciertos sectores de la clase media, que ahora lo apoyan; se ha llegado a una suerte de concertación social.
Era comprensible que lo apoyara la mayoría indígena, por ser el primer presidente surgido de ella, y por su programa de reivindicación de la tradición nativa, que forma parte de su estilo político y su indumentaria habitual. Además de las declaraciones de principios, los indígenas han adquirido mayor poder, y lo han hecho valer.
En el 2011, hubo una fuerte protesta contra el proyecto gubernamental de construir una autopista a través de la selva amazónica. Lo que se pretendía con eso era el crecimiento, pero los pobladores del lugar lo vieron de otra manera: la ruta iba a favorecer la deforestación y la ocupación de tierras por especuladores. Morales desistió y archivó el proyecto, mostrando flexibilidad.
En el 2006, el presidente inició una campaña de privatizaciones que alcanzó a los hidrocarburos, el estaño, el cemento, la siderúrgica, la provisión de combustibles y los servicios básicos (agua, electricidad y telecomunicaciones).
Eso lo enfrentó a poderosas multinacionales, como Shell, British Petroleum y Repsol, que debieron adaptarse a la nueva política local. En el sector de hidrocarburos, las empresas se llevaban el 82% y el Estado boliviano, el 18%. Con el nuevo sistema, el Estado se queda con el 82% y las empresas con el 18%, y sin embargo, siguen ganando plata.
Los contratos anteriores eran demasiado favorables al sector privado porque, durante la década de 1990, los gobiernos bolivianos siguieron políticas neoliberales basadas en las privatizaciones y la desregulación de la economía, que no llevaron al desarrollo ni a la estabilidad y provocaron fuertes reacciones.
Una de las más conocidas fue la Guerra del Agua, la rebelión contra el contrato que le daba a la empresa Bechtel el derecho de prohibir la recolección del agua de lluvia, para garantizarle el monopolio del agua corriente. Si aquellos gobiernos trataron de atraer capitales, el actual decidió controlarlos y le ha ido mejor. Esto explica el resultado de las elecciones.