La desconfianza y falta de credibilidad en las investigaciones del Ministerio Público son latentes porque los indicios señalan que no levanta un dedo contra un grupo político y en otros casos muestra rapidez inusitada. El ideal de Justicia al que se aspira es que sus órganos apliquen estrictamente la ley, sin distinciones ni influencias políticas.
Uno recuerda cuando Sandra Quiñónez juró como titular del Ministerio Público, el 8 de marzo del 2018. Prometió no defraudar a la ciudadanía y recuperar la credibilidad de la institución. Luego declaró que no perdonaría un acto de corrupción y que no le iba a importar el color del que fuera. Lamentablemente para la sociedad, estas palabras no se tradujeron en la práctica, ya que es muy criticado el tibio accionar del Ministerio Público o blindaje en determinados casos de corrupción y en otros se aplica todo el peso de la ley. El Ministerio Público representa a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales. No debe inclinar la balanza hacia los poderosos.
En este contexto el presidente Mario Abdo se ratificó en que la Fiscalía está subordinada a Cartes. “Se lo dije a la propia fiscala del Estado que la percepción ciudadana a consecuencia del actuar es que la Fiscalía está completamente subordinada a un sector político”.
Algunos elementos objetivos del vínculo de Sandra Quiñónez con el cartismo, aparte de que fue nombrada en el cargo por y con ayuda del ex presidente, su hermana Soledad fue ministra anticorrupción de HC y su hermano Domingo es candidato a presidente de seccional por Honor Colorado. El fiscal Lorenzo Lezcano –acusado de obstruir la investigación a la estructura narco de Sebastián Marset– fue ministro del Interior y de Inteligencia de Cartes.
Estos vínculos podrían pasar desapercibidos si el Ministerio Público mostraba un desempeño independiente. Es que las investigaciones contra el mismo Cartes, declarado significativamente corrupto por EEUU y con supuestos vínculos con grupos terroristas, o el caso del diputado Erico Galeano, con llamativas operaciones de dinero y nexos con procesados de A Ultranza Py, simplemente quedan en la nada. Muy diferente de cómo se procedió con el denunciante de HC, Arnaldo Giuzzio, imputado por coima y cuya casa fue allanada, quien también debe hacer sus aclaraciones ante la Justicia.
La Fiscalía abrió cuatro causas sobre Cartes, pero no trascienden diligencias relevantes sobre ellas. Una tiene que ver con presunto contrabando, tráfico de cigarrillos y lavado denunciados por Giuzzio. Otra en que también se involucra a Darío Messer, quien fue condenado por lavado en Brasil. Cartes le habría entregado USD 500 mil y protegido cuando estaba prófugo. El tercer caso es el olvido que tuvo el ex presidente de reportar en su declaración jurada la empresa offshore que creó en Panamá. La cuarta causa es la del avión iraní que transportó cigarrillos de Tabesa desde el aeropuerto de Minga Guazú.
Lo que se nota es un trato desigual de la Fiscalía. Es lo que se critica, las diligencias deben ser iguales para todos. Que no exista selectividad fiscal en el tratamiento de casos. Que las investigaciones fluyan en similares condiciones para los que son objeto de una requisitoria fiscal.
Cuando se presentó el tercer libelo acusatorio contra la fiscala general sobraron motivos para su destitución, pero no prosperó porque desde un inicio faltaron los votos. Con este desenlace tuvo una nueva oportunidad para que dé señales de no estar sujeta a poderosos e influyentes políticos.
Sin embargo, la Fiscalía sigue en deuda al no mostrar cambios en su actuar. Tiene que garantizar la aplicación objetiva de la ley, porque su buen funcionamiento es vital para el fortalecimiento del Estado de Derecho y del sistema democrático.