El colorado cartista Víctor Bordoli, intendente de la Municipalidad de Humaitá, Departamento de Ñeembucú, se suma a la lista de jefes comunales, cuya gestión se pide sea intervenida.
Una mayoría absoluta de 10 concejales (de 12) aprobaron el sábado una resolución por la cual se solicita la intervención del citado distrito.
Los concejales citan como causales de intervención, que el jefe comunal nunca remitió a la Junta Municipal los documentos respaldatorios de las rendiciones de cuentas, cautrimestrales y anuales, “situación que demuestra el manejo absolutamente discrecional e irregular de los fondos públicos de la Municipalidad”, reza el documento. Señalan la existencia de una malversación de más de G. 2.000 millones.
Citan que la Intendencia recibió la suma de G. 2.485 millones para el pago de deudas de ejercicios anteriores y que, sin embargo, el intendente Bordoli desvió el uso de dichos fondos, no pagó las deudas y no existe ninguna documentación que demuestre la utilización de dicho dinero.
Mencionan igualmente que por una emergencia declarada en Humaitá, la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), proveyó de insumos para afrontar dicha situación, pero que el jefe comunal, “nuevamente de manera discrecional e irregular, distribuyó los insumos y presentó planillas falsas y con contenido falso” y que existe una denuncia pertinente en la Fiscalía.
MÁS CAUSALES. Otra causal que manifiestan los ediles hace referencia a que Bordoli se apropió de una ambulancia del Ministerio de Salud.
“Es un hecho sin precedentes en la comunidad, el intendente se adueñó de la ambulancia y solamente los enfermos podían ser trasladados según la voluntad de Bordoli”, remarcan en la resolución.
Recuerdan que dicha situación desembocó en la muerte de una beba de 18 días, situación por la cual el jefe comunal está imputado.
Expresan que la Junta Municipal de manera permanente y persistente viene solicitando la comparecencia del intendente en virtud a lo que establece la Ley Orgánica Municipal, con el propósito de analizar todas las cuestiones relacionadas a la institución, siendo ninguneadas en todas las ocasiones.
Toda esta situación derivó en el levantamiento de la ciudadanía humaiteña, que exige el fin de la corrupción.
La solicitud de intervención fue remitida al Ministerio del Interior, que debe enviar a la Cámara de Diputados.