La mediática escribana Zully Ferreira Cañete, amiga del cuestionado abogado Manuel Radice, contratada como funcionaria en el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), con un sueldo fijo en la institución, cometió falta grave por la inhabilidad que tiene para ejercer su trabajo bajo relación de dependencia, señala el dictamen de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
El informe de la SFP, dirigido por Humberto Peralta, corresponde a una consulta periodística de este diario, cuando saltó el caso de la escribana amiga de Radice que cobraba como funcionaria pública.
El dictamen ya fue remitido a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para el trámite pertinente.
La Corte Suprema de Justicia ya tiene abierto un sumario a Ferreira y, según habían informado, tiene un plazo de aproximadamente 90 días para las conclusiones correspondientes al caso.
La escribana amiga de Radice fue contratada en el TSJE como funcionaria profesional a través del ministro Alberto Ramírez Zambonini, según confirmó la misma notaria durante una visita a la Redacción de Última Hora. En algunos meses hasta figuraba como auxiliar administrativo del TSJE, según obra en el Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos (Sinarh).
Cobraba G. 6 millones y percibió hasta aguinaldo, según el resumen de pagos anuales publicados en el portal del TSJE. Por ser escribana, tenía prohibido tener una retribución fija, según dictamen de SFP.
Ferreira incluso firmaba planillas de asistencias como si fuera un funcionario contratado que hace oficina en la institución. Sin embargo, según cruces de registros de su entrada y salida del país,al mismo tiempo que figuraba trabajando en la Justicia Electoral se encontraba abordando un avión en el aeropuerto Silvio Pettirossi.
El director de RRHH del TSJE, Cristian Bogado, sostuvo que Ferreira nunca hizo oficina en la institución.
Según el informe de la SFP, la escribana se expone a sanciones por faltas graves, que van desde suspensión en el ejercicio de hasta 6 meses o destitución del cargo.
La Fiscalía también la tiene en la lista de investigados por cobro indebido en la Justicia Electoral.
Informe de SFP. Un dictamen de 8 hojas, elaborado por el Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Producción de Control Normativo, con varias consideraciones de infracción cometidas por Ferreira remitió la SFP.
“La intervención como notario por parte de un servidor público constituye una infracción a lo dispuesto en el artículo 115, inciso a), de la Ley 879/81: Código de Organización Judicial”, refiere parte del dictamen, que coincide con lo expuesto por la CSJ cuando argumentó el inicio de sumario a la notaria.
La SFP aclaró que su dictamen no es vinculante y que no puede intervenir en el caso porque el TSJE tiene a su favor una acción de inconstitucionalidad contra la Ley 1626 de la Función Pública.