En el mes de agosto pasado, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó el sobreseimiento definitivo, al declarar inadmisible la casación presentada por la Fiscalía. El fallo de la Corte fue firmado por los ministros Antonio Fretes, César Diesel y César Garay.
EL CASO. Según los antecedentes se indicaba que el senador colorado Javier Zacarías Irún presuntamente instigó a su esposa e intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod, y otras personas a realizar pagos de servicios y gastos que no estaban contemplados en los contratos con la firma Frontera Producciones y el Municipio esteño.
La Fiscalía había señalado en su carpeta investigativa que se desvió una suma de más de 2.100 millones de guaraníes inicialmente y luego presentó una nueva imputación por un monto mayor, que fue de G. 3.700 millones, los que supuestamente fueron utilizados para financiar una campaña electoral de la familia Zacarías.
INVESTIGACIÓN. La investigación fiscal se había basado en el ejercicio fiscal de los años 2014 al 2018 de la Comuna de Ciudad del Este, a cargo de McLeod de Zacarías. En el proceso fue imputado el senador por instigación a cometer el delito de lesión de confianza. Al senador colorado lo sindicaban de ejercer la Administración Municipal de facto, con base en una declaración del ex jefe de prensa Juan Sanabria.
Según la defensa del senador, la Fiscalía le atribuyó la omisión de matrículas correspondientes a inmuebles y es así que refiere dos departamentos y algunas cocheras.
Sin embargo, en el examen de veracidad de la Contraloría claramente se concluye que Zacarías Irún no mintió en su declaración jurada, pues consignó el valor total de los inmuebles con las cocheras.
Según había dicho la fiscala Natalia Fuster, si el órgano de control, en este caso, la Contraloría, le dice que no tiene elementos, en un eventual juicio oral no tendrá chances.