Que grupos de pistoleros irrumpan en un céntrico local nocturno, lleno de personas disfrutando de un momento de diversión, y procedan a disparar con armas de fuego y asesinar impunemente, sin importarles que numerosos ciudadanos comunes resulten heridos, es algo que solo ocurría en países con alta conflictividad con grupos terroristas o de la mafia del narcotráfico. Sin embargo, ya está sucediendo también en regiones del Paraguay.
Fue lo que sucedió en la madrugada del lunes último, en Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay, cuando un grupo de sicarios ingresaron a la discoteca After Office, ubicada en pleno centro de la ciudad, en la zona próxima a la frontera con Ponta Porã, Brasil, y asesinaron a cuatro personas que se encontraban allí, hiriendo además a otras once que se hallaban cerca, tras lo cual se retiraron y desaparecieron del lugar.
El trágico episodio es uno más entre varios otros que en los últimos meses vienen sorprendiendo por su inusitada violencia criminal, como fue el asesinato del capo fronterizo Jorge Rafaat Toumani, ocurrido en junio de 2016, también en una zona céntrica de la ciudad, con el uso de una poderosa ametralladora antiaérea, o el doble asesinato de las hermanas Adriana y Fabiana Aguayo, quienes fueron secuestradas de su propio domicilio por hombres armados y luego fueron halladas decapitadas, el pasado 8 de junio.
Todos estos casos, similares a los generalmente se producen en zonas geográficas donde operan grupos terroristas o carteles del narcotráfico muy violentos, aún resultan sorprendentes que ocurran en la zona fronteriza norte del Paraguay, como preocupante señal de que las bandas criminales brasileñas Primer Comando da Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV) están marcando una presencia cada vez mayor en nuestro territorio, con la abierta complicidad de grupos de delincuentes paraguayos y, por lo que se ha podido comprobar en varios casos, también de algunas autoridades locales.
Es lamentable que un sector mayoritario de la ciudadanía honesta y trabajadora de Pedro Juan Caballero y otras localidades del Amambay deban sufrir el azote de grupos criminales, cada vez más violentos e impunes, como es lamentable que las autoridades y la propia clase política ayuden a que la mafia conquiste cada vez más territorio, impidiendo la aprobación de leyes para controlar el dinero sucio en las campañas electorales, permitiendo que se instale cada vez más un modelo de narcoestado.
La ciudadanía debe enfrentar el miedo, movilizarse y exigir que se ponga fin a esta oleada de terror y las autoridades cumplir este mandato.