El martes fue un día cargado de hechos que permiten una lectura clara de en qué situación se encuentra el país y la vigencia de un Estado inoperante, ausente y terrorista.
Esa mañana, con ardid y sin aviso previo, contrariando todo principio en un estado de derecho, unas 700 familias vivieron desalojos que semejaban un campo de guerra, con topadoras, despliegues de fuerza, montada, antimotines, 30 patrulleras, helicópteros en vuelo rasante, fusileros con armas de grueso calibre, destrucción de viviendas, cementerios y templos ancestrales, plantaciones, escuela e iglesia y quema generalizada.
Unos 600 habitantes de la ocupación 15 de Junio de Guayaybí, San Pedro, y unos 100 miembros de la comunidad ava guaraní de Yapó, Canindeyú, están desde entonces en la intemperie, abandonados a su suerte.
En tanto, en la capital, la llamada Asamblea Permanente por los DDHH acometía una peligrosa maniobra ante la falta de efectividad del Gobierno y ponía en mayor peligro la vida del adolescente Arlan Fick, secuestrado hace 50 días por el EPP. Pidió al líder del grupo, en prisión, liberarlo, dando pie a que este pidiera canje de prisioneros.
En este caso, aparte de la irresponsabilidad y poca sujeción a principios de este grupo específico de DDHH, es claro que el Gobierno como Estado, a través de sus instituciones y mecanismos, viene demostrando negligencia, inoperancia e incapacidad para garantizar seguridad a la población y devolver con vida al secuestrado. El multimillonario gasto en despliegue de seguridad en torno al asunto solo sirvió para escuchar excusas y ruegos desde el Ejecutivo. Ningún resultado.
Con respecto a los campesinos desalojados, tenían años ocupando un excedente fiscal usurpado por Clari Vega, jefe militar de la dictadura stronista. La propiedad cuya tenencia es tramitada con aval del Indert, Municipalidad y Gobernación, ya contaba incluso con servicio de agua.
Los indígenas, cuyos ancestros ocupan el territorio desde 1900 según los registros, fueron llamados a audiencia a 100 kilómetros del lugar por la jueza Silvia Cuevas, quien ordenó el desalojo en ese mismo horario. En el hecho intervinieron bajo anuencia fiscal peones de la estancia La Laguna SA, que quemaron las chozas, lugares sagrados y templos. La misma magistrada, tiempo atrás, había fallado a favor de los nativos.
Estos tres hechos tienen puntos en común: La ausencia de Estado, la corrupción judicial, la falta de institucionalidad, la ejecución de mecanismos terroristas desde el Estado y la incapacidad gubernamental de gobernar para la población, sino solo para beneficio exclusivo de grupos de poder económico y afines.
Lo ocurrido no es casualidad. Es, si se quiere, una decisión de gabinete que emula la represión desplegada en la masacre de Curuguaty.