Un reciente informe del Banco Itaú proyecta un aumento en el desempleo urbano para el año 2018, anticipando un escenario sumamente complicado. Las políticas del sector rural no han sido efectivas y en algunos casos como la dirigida al acceso a la tierra ha promovido una expulsión de campesinos de sus tierras, especialmente de mujeres y jóvenes, hacia las ciudades.
Al respecto, los promedios esconden desigualdades por edad y sexo, es decir, la tasa de desempleo nacional no refleja el estado de la ocupación de algunos grupos particularmente afectados por el problema.
Estas tasas se duplican cuando la población es joven o mujer, castigando desproporcionadamente a quienes constituyen el famoso “bono demográfico”, y a las mujeres cuyos ingresos son fundamentales en la calidad de vida de las familias ya que en muchos hogares ellas son las únicas aportantes.
La situación se complica si se analizan las estadísticas de empleo. El 60% de la población urbana trabaja de manera informal. Eso significa volatilidad del ingreso e inseguridad social. Ambas condiciones obstaculizan la acumulación de capital humano, social o financiero, reduciendo la productividad y las oportunidades económicas presentes y futuras.
Desde esta perspectiva, celebrar un crecimiento económico es casi una torpeza. ¿De qué sirve el crecimiento económico si no logra beneficiar a la mayoría e inclusive no tiene actualmente ni la potencialidad de reducir pobreza o aumentar el empleo?
El Gobierno debe analizar con atención estas cifras y diseñar las políticas que sean necesarias para lograr que el aumento del producto interno bruto a nivel macroeconómico tenga mayores efectos a nivel microeconómico. Altos niveles de desempleo e informalidad contextualizan un escenario poco propicio.
Los años anteriores no resultaron óptimos para mejorar los índices de desarrollo social y económico a pesar de tasas relativamente altas. Las proyecciones de crecimiento para los próximos son positivas pero de menor magnitud, por lo que si no se quieren ver retrocesos es necesario realizar cambios y ello requiere conocer mejor los factores asociados al crecimiento del empleo y dirigir hacia allí los esfuerzos de la política económica.
Paraguay debe cumplir con los compromisos establecidos en la Constitución y en el Plan de Nacional de Desarrollo y aquellos originados en instrumentos internacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto requiere esfuerzo e intervenciones públicas con metas claras. Solo de esta manera se garantizarán mejoras en los indicadores, la sostenibilidad del crecimiento y una trayectoria hacia el desarrollo.