Al menos desde el 31 de octubre de 2016, en realidad desde mucho antes pero al menos desde esa fecha, Horacio Cartes estuvo planeando cómo reprimir, desalentar y finalmente desmovilizar la resistencia ciudadana a la consolidación de su dictadura vía enmienda por la reelección.
Ahora podemos entender que ese 31 de octubre cometió el grave error de dejar ver el escenario que estaba estudiando desde hacía tiempo, para lograr imponer la reelección que es la piedra fundamental de su construcción dictatorial y que es la base de toda dictadura.
”... hemos observado –afirmó ese día– que el proyecto de enmienda no logra generar consenso, y, en consecuencia, puede dividir a la sociedad paraguaya... Somos testigos de la crispación y tensión que ha generado...”.
El conocimiento que Cartes admitió el 31 de octubre sobre la resistencia que su pretensión genera explica la línea directriz que siguió la Policía Nacional en las fatídicas tarde y noche del 31 de marzo y madrugada del 1 de abril.
Durante esas horas, los agentes destacados en las plazas del Congreso dispararon sus balines, principalmente a la altura de la cara de los manifestantes, enardeciendo a los presentes, para después dejar sin protección a la sede legislativa y a continuación detener ilegalmente a cuanto transeúnte se encontraba en su camino hasta llegar a las oficinas del Partido Liberal Radical Auténtico, para el que tenía un operativo de especial violencia, que terminó con el asesinato de Rodrigo Quintana.
La Policía Nacional “es una institución profesional, no deliberante, obediente... y en dependencia jerárquica del órgano del Poder Ejecutivo, encargado de la seguridad interna...”, según el artículo 175 de nuestra Constitución y el artículo 2 de la Ley 222/93, “Orgánica de la Policía Nacional”, define que ella es "... una institución... de estructura funcional jerarquizada, no deliberante y obediente”.
La presunción que, en consecuencia, el Ministerio Público debió usar en el análisis de la acción de la Policía en las horas mencionadas al principio es la que le imponen esos cuerpos legales, nuestra Constitución y la ley orgánica policial: Los agentes policiales actúan siempre bajo órdenes, están funcionalmente sometidos a una jerarquía, esta jerarquía es vertical de arriba para abajo, el superior da órdenes que el inferior obedece, el inferior no puede deliberar y está obligado a obedecer.
El Ministerio Público está obligado a presumir lo anterior porque el orden constitucional y legal así se lo manda y, por tanto, como no lo hizo, es razonable afirmar que los fiscales están realizando una tarea de encubrimiento y obstrucción de la investigación penal para proteger y prestar inmunidad a los autores morales de la violencia con que actuó el 31 de marzo y el 1 de abril.
Todas las evidencias fílmica y forense de esas horas son consistentes con la existencia de un orden jerárquico, pero la Fiscalía las menosprecia prefiriendo mentiras como las del viceministro Ariel Martínez.
A quien encubren los fiscales de modo tan burdo, exponiéndose a ser ellos mismos penalmente procesados, es a Horacio Manuel Cartes Jara, quien tenía interés político en hacer lo que se hizo, para desactivar la resistencia a su perpetuación y dictadura, y poder institucional para hacerlo, pues él es el comandante supremo de la Fuerza Pública.