El () recomienda cesar con los traslados de los adolescentes infractores a centros educativos cerrados y a penitenciarías de adultos, sin autorización judicial necesaria, sin criterios definidos y sobre todo sin justificación.
Propone establecer un protocolo de traslados de acuerdo con lo estipulado en el Código de Ejecución Penal, que respete esencialmente los derechos de los adolescentes relacionados al fortalecimiento de su vínculo familiar y social.
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Además, recomienda a la Corte Suprema de Justicia establecer un sistema de control de traslados de adolescentes que evite que los mismos se produzcan sin el control y autorización judicial previa de los juzgados que llevan las causas de los adolescentes privados de libertad.
Igualmente, dirige sus recomendaciones a los jueces penales adolescentes, al Ministerio de la Defensa Pública y al Ministerio Público.
Informe especial sobre traslados de adolescentes
El del MNP argumenta que los datos recabados por el organismo dan cuenta de una práctica de traslados arbitrarios masivos sin control judicial. Sobre el punto, el documento advierte que el sistema los utiliza como sanción y para el control de la población adolescente.
En el citado periodo de tiempo se realizaron 921 traslados de adolescentes privados de su libertad a distintos destinos.
Del total, 451 (49%) fueron trasladados a centros educativos con régimen cerrado ubicados en los distintos departamentos del país, 299 (33%) adolescentes a penitenciarías y a centros educativos con regímenes menos restrictivos de la libertad fueron 133 (14%) adolescentes.
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También fueron remitidos 28 (3%) adolescentes a otras instituciones como el hospital siquiátrico, jefaturas de comisaría y centro de adicciones, entre otros lugares.
El 61% del total de traslados fueron realizados por orden administrativa, sin control previo judicial, el 17% por orden judicial. Sobre el 22% restante no se han obtenido datos.
“El traslado administrativo puede constituir al menos un trato cruel, inhumano o degradante por los efectos que tiene con relación a la familia y al acceso a la justicia”, sostiene el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
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Los centros educativos dependientes del son lugares donde se encuentran adolescentes en conflicto con la ley y, por normas internacionales establecidas, el sistema de seguridad es diferente al de una penitenciaría.
Estos lugares no deben contar con muros perimetrales y los agentes educadores no pueden utilizar armas dentro del perímetro, mientras que fuera de él solo pueden emplear balines de goma.