Con un ajustado cuórum, los diputados cartistas y liberales se convirtieron en comisión para estudiar el proyecto de que establece el marco legal para el pago de una compensación histórica, a los ex trabajadores de . Sin embargo, al momento de la votación no reunieron la presencia necesaria.
La sesión fue abandonada por la bancada oficialista, así como algunos liberales independientes y las multibancas del tercer espacio, quienes se mostraron en contra de apresurar el estudio de la normativa que ya contaba con media sanción de la Cámara de Senadores.
El documento contaba con dictamen a favor y en contra. La diputada liberal Celeste Amarilla, antes de retirarse, argumentó por el rechazo de la normativa afirmando que la binacional no se puede hacer responsable por trabajadores tercerizados, contratados por otras empresas para la construcción de la central hidroeléctrica.
En defensa del proyecto quedaron los cartistas y llanistas. La colorada Rocío Abed señaló que el 86% del dinero que se empleará en la compensación provendrá del lado brasileño y que esto no generará un gran perjuicio como se sostiene desde Itaipú y Hacienda.
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Abed destacó que se trata de un acto de justicia y de igualdad, ya que el lado brasileño ya compensó económicamente a sus trabajadores.
En el mismo sentir, el diputado liberal Eusebio Alvarenga dijo que no es cierto que de ser promulgada la ley el Tesoro Público, municipios y gobernaciones dejarían de recibir royalties y Fonacide por al menos dos años.
Asimismo, la legisladora Blanca Vargas de Caballero afirmó que desde el movimiento Honor Colorado desde un principio estuvo a favor del proyecto, aunque su líder de bancada, Basilio Núñez si se mostraba en contra de la normativa, en principio.
“Qué simpático, nuestros directivos paraguayos firmaron para el pago de los ex obreros brasileños, pero ahora piden un amparo para no pagar a nuestros compatriotas paraguayos”, cuestionó.
El diputado Ulises Quintana, también con una postura a favor del proyecto, sostuvo que el directorio ejecutivo de la Itaipú ha reconocido los derechos igualitarios entre los trabajadores directos y los trabajadores contratados por terceros, por lo que dijo que no debe existir discriminación entre obreros.
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Finalmente, el líder de bancada de Honor Colorado, Basilio Núñez, afirmó su cambio de postura y se mostró también a favor de la normativa. “En principio aceptar lo resuelto en la bancada porque yo había anunciado mi voto en contra. Pero no puedo votar en contra escuchando los derechos de los ex trabajadores”, explicó.
"¿Por qué vamos a salir en contra de la clase obrera?, ¿por qué vamos a salir en contra de gente que construyó la hidroeléctrica más grande del mundo?, ¿por qué salir en contra si Brasil ya pagó?, ¿por qué voy a salir en contra si los derechos no prescriben? Por eso adelanto mi cambio de postura”, indicó.
La votación se realizó de manera nominal y se constató la presencia de 38 congresistas, por lo que la sesión tuvo que ser levantada.
Sobre el proyecto
El documento establece una compensación a favor de los ex obreros, constructores de la usina y puesta en servicio de las unidades generadoras de Itaipú, contratados directos, de empresas contratistas y subcontratistas de obras, locadores y sublocadores de servicios y de los convenios de salud y de educación de la margen derecha.
Esta iniciativa abarcaría a unas 15.000 personas, por un monto que llega a los USD 940 millones. El beneficio sería para los trabajadores del periodo de tiempo comprendido entre el 1 de enero de 1974 y el 30 de marzo de 2002. En el caso de los familiares de los ex obreros que al tiempo de la promulgación de la presente ley hayan fallecido podrán reclamar sus derechos hereditarios.
Asimismo, se establece a la Entidad como institución responsable de la implementación de la presente ley, mientras que el Ministerio de Hacienda idea la reglamentación de los pagos y procedimientos en un plazo de 30 días, una vez promulgada la ley.
Dicha compensación sería a los reclamos de los ex obreros como anuenio, productividad, alimentación, desarraigo y vacaciones, entre otros.
Por su parte, la Itaipú dictaminó en contra del proyecto, considerando los reclamos injustificados y alegando que la ley es violatoria del principio de estabilidad laboral.