Una situación que fue denunciada reiteradas veces por este diario: el estado de marginalidad en que sobreviven niños y niñas indígenas en las calles de Asunción, tuvo una decidida respuesta en la madrugada del lunes cuando la fiscala Teresa Martínez, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Trata de Personas y Explotación Sexual en Niños, Niñas y Adolescentes, al frente de un equipo fiscal y policial, realizó un sorpresivo operativo para rescatar a dos niñas, de 14 y 16 años, y cuatro varones menores de edad que eran víctimas de explotación sexual.
El procedimiento permitió confirmar una de las escenas más tristes e indignantes del drama social que viene sucediendo en el paisaje urbano de nuestra ciudad capital, ante la indiferencia de muchas personas, incluyendo a autoridades y personalidades políticas. Un terreno baldío, ubicado junto a la sede de la Armada Nacional, al igual que las instalaciones abandonadas de una ex industria cervecera eran utilizados como improvisados prostíbulos por personas mayores de grupos indígenas para someter a niños y niñas a los instintos de desalmados “clientes”, en medio de la suciedad y la promiscuidad más absoluta. Llama la atención que miembros de las Fuerzas Armadas permitan que este infame hecho se lleve a cabo prácticamente en sus narices, sin intervenir.
En esta ocasión han sido detenidos ocho adultos de la etnia Mbya Guaraní, procedentes de varias comunidades del Departamento de Caaguazú, que fueron identificados como los proxenetas que obligan a los niños y a las niñas a mantener actos sexuales con otras personas, a cambio de dinero.
Hay que aplaudir la eficaz acción emprendida por la fiscala Teresa Martínez, conjuntamente con funcionarios de la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia, y la participación de algunos líderes comunitarios indígenas preocupados por esta situación. Pero hay que ser conscientes de que este rescate constituye apenas un episodio, que no pondrá fin al problema si no tiene una continuidad y principalmente si no se involucran otras instancias del Estado. En las calles de Asunción y de muchas otras ciudades del país existen muchos más niños y niñas indígenas o campesinos, de condición humilde, sometidos a situaciones similares de explotación sexual, consumo de drogas y alcohol, obligados a robar o a cometer otros delitos para sobrevivir.
El drama social está extendido y la explotación sexual es solo la consecuencia de un problema mucho más profundo: la marginación y el abandono en que sobreviven nuestros pueblos indígenas. Hasta ahora los sucesivos gobiernos no han podido superar una política puramente asistencialista, manejada en términos de clientelismo electoral, para con las diversas etnias que persisten en el Paraguay. Mientras no haya respuestas estructurales que promuevan la dignidad y la integración al desarrollo, con respecto a sus respectivas culturas, será difícil detener casos como este.