El Ministerio de Hacienda informó que, tras culminar el proceso de socialización del proyecto de ley de consolidación económica y contención social con el sector privado y con las instituciones públicas afectadas, remitirá en las próximas horas el documento a la Presidencia de la República para las revisiones finales.
La cartera tiene como meta que la propuesta –más conocida como Ley de Reactivación 2.0– pueda ser remitida esta semana al Congreso Nacional, con el fin de que pueda ser tratada lo antes posible en ambas Cámaras y que entre en vigencia desde el mes próximo.
Según indicó el viceministro de Economía, Iván Haas, la normativa tiene tres pilares: salud, programas sociales y apoyo al sector empresarial.
Explicó que entre las principales medidas contempladas en el proyecto están la exoneración del 50% de los servicios básicos para los rubros más golpeados por la pandemia y los residentes en zonas fronterizas con Argentina; refondeos al IPS y al Fogapy; la implementación de un subsidio del 50% del salario mínimo para trabajadores independientes; y la creación de un fondo especial para la habilitación de créditos blandos a mipymes y cuentapropistas.
Asimismo se prevé también la eliminación de las multas por los cheques sin fondos y la entrega de kits alimentarios a familias vulnerables; sin embargo, trabajadores informales ya no serán subsidiados en esta etapa.
Si bien en principio se hablaba de USD 100 millones, esta ley requerirá, finalmente, de USD 365 millones. De ese total, se prevé que USD 25 millones provengan de nueva deuda, USD 90 millones de reasignaciones y el restante USD 250 millones de una capitalización que haría Fondo Monetario Internacional (FMI) en julio.
Días atrás, la Asepy calificó al proyecto como insuficiente para lograr una recuperación en el sector emprendedor.
LA CIFRA
365.000.000 de dólares es el costo que tendrá la nueva ley de reactivación. De ese total, el 7% corresponde a nueva deuda.