Después de sostener una versión durante cuatro años, el nuevo trío de fiscales del caso Curuguaty presentó sus alegatos con notables cambios. Ya no hablan de la genérica e imprecisa “tentativa de homicidio”, sino de “homicidio doloso”. Cambiaron de relato, porque el anterior hacía agua por todas partes, perforado por mil contradicciones.
Pero, aun así, la versión de Jalil Rachid era mejor que esta. El entonces fiscal diagnosticó el complejo episodio a partir de una hipótesis que –según aseguró– probaría en el juicio y de eso no se apartó nunca. Hubo una emboscada de los campesinos a una incauta y desarmada comitiva policial, los invasores de tierras privadas mataron a seis policías y los compañeros de estos se defendieron, matando a su vez a once campesinos. Por eso, a Rachid solo le interesó estudiar las seis primeras muertes, las restantes eran una consecuencia natural de la violencia campesina.
Solo que Rachid no sopesó bien lo vigilado que estaría este juicio dentro y fuera del país. Por eso, cada vez, que se ponían en evidencia sus incongruencias, sus falsedades y sus lagunas, lo único que podía decir era que en el momento procesal adecuado presentaría pruebas que respaldarían su acusación.
Solo que cuando ese momento llegó, Jalil Rachid ya no era fiscal. Fue ascendido a viceministro de Seguridad y los nuevos fiscales se encontraron con una causa que olía a pescado podrido. Intentaron rectificar los argumentos, pero no podían cambiar demasiado lo que se venía sosteniendo desde hace cuatro años. Decidieron identificar claramente a Rubén Villalba y a Luis Olmedo como los asesinos del subcomisario Lovera. Y establecieron las culpas de cada uno de los otros imputados de acuerdo con su grado de responsabilidad. Explicaron que eran campesinos que se habían asociado con fines criminales y planificaron en detalles el atentado contra los policías.
Es un relato interesante, quizás en parte posible, pero que necesita ser probado. A los jueces no debería importarles tanto la teoría que está en la mente de los acusadores, sino en las evidencias que demuestren su veracidad. Y es allí donde la argumentación de los fiscales es de una fragilidad temeraria. Muchas de sus supuestas pruebas no fueron demostradas en el juicio. Quedan en el terreno de lo especulativo o literario, pero no tienen peso jurídico.
Es cierto que estos fiscales heredaron las ideas de Rachid y no podían salirse mucho del molde impuesto de antemano. Lo que me parece un exceso es que tuvieran la soberbia de adornar sus insípidos alegatos finales con argumentos ideológicos ridículamente sesgados en contra del campesinado. La sociedad esperaba que aporten pruebas de la historia que sostienen, no una clase de sociología conservadora básica. Rachid tampoco mostró pruebas pero, por lo menos, no nos agobiaba con ínfulas seudoacadémicas.