Cartes, como había anticipado, promulgó este viernes la Ley 5.530 mediante la cual se acepta la donación de 1.700 hectáreas de tierras de Marina Cué por parte de la empresa Campos Morombí. Además, declara a las mismas como “área silvestre protegida bajo dominio público, a perpetuidad, con la categoría de manejo de reserva científica de estricta protección” bajo la denominación de “Reserva Yberá”, de acuerdo con el documento oficial.
El Congreso dio el primer paso al aprobar la ley “que transfiere a título gratuito a favor de la Secretaría del Ambiente (SEAM) un inmueble individualizado como Finca N.º 30, Padrón N.º 61, del distrito de Curuguaty, Departamento de Canindeyú”, la semana pasada.
Cartes ya había adelantado que aceptaría la donación para “dar un corte a ese tema”.
Sin embargo, el inmueble estaba en litigio desde el 2004 entre el Estado paraguayo y Campos Morombí. Tanto el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) y la Dirección Registros Públicos estaban en contra de esta donación.
El titular del Indert, Justo Cárdenas, se ratificó en que las tierras en cuestión son del Estado. Mientras que la directora de Registros Públicos, Lourdes González, señaló que la ley sancionada por el Congreso no corresponde, “y menos aún la transferencia del inmueble”.
Afirmó que la empresa de la familia Riquelme no posee la titularidad de esas tierras, por lo que no puede realizar la donación.
En 1967, la empresa La Industrial Paraguaya SA donó las tierras a la Marina paraguaya- de ahí el nombre Marina Cué- y en el 2004 fueron declaradas de interés social para la reforma agraria.
Pero Campos Morombí, de la familia del fallecido político colorado Blas N. Riquelme, se apropió de las tierras y las reclamaba bajo la figura de usucapión. Un grupo de campesinos ocupaba Marina Cué alegando que eran del Estado, pero la empresa los quería desalojar.
El 15 de junio del 2012, 236 policías ingresaron al lugar para desalojar al grupo de aproximadamente 60 campesinos. La orden judicial decía que debían hacer un allanamiento.
Ocurrió un enfrentamiento que dejó 11 campesinos y 6 policías fallecidos. La masacre derivó en un juicio político donde el Congreso destituyó al entonces presidente Fernando Lugo.