Roberto Irrazábal
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La experiencia colombiana en control del financiamiento político está siendo aprovechada por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), que a través de un convenio con Usaid/Ceamso trajo la semana pasada al país al especialista Ariel Cortés, uno de los desarrolladores del progra- ma Cuentas Claras, del Consejo Nacional Electoral de Colombia (CNE). Este programa ayudó a transparentar los ingresos y gastos de campaña de los políticos, y penalizar a los que incumplen con la legis- lación vigente.
–¿Cómo se inició el proyecto Cuentas Claras en Colombia?
–El proyecto nació en el 2007 bajo una figura de apoyo de Usaid en el fortalecimiento de las organizaciones políticas y el proceso de rendición de cuentas. Existía ya un formato antes, pero eran manuales, con los errores que conlleva el diligenciamiento de la información, entonces se presentaban incidencias, información parcial, y de allí surgió la necesidad de generar algo en Excell como una base de ayuda. Fue el primer paso, pero no era fácil usar, no era práctico, por lo que en el 2009 se propuso desarrollar una herramienta web que facilitara el proceso de rendición individual y de consolidación de información, y ahí nació el aplicativo Cuentas Claras, en su primera versión, para las Elecciones de Congreso en el 2010.
–¿Cómo fue la reacción de los políticos en esa primera experiencia?
–En esa oportunidad fue de uso voluntario, pero cerca del 80% de los candidatos utili- zaron la herramienta. Hubo mucha sensibilización como parte de la estrategia del proyecto. Transparencia por Colombia capacitó a los partidos en las principales ciudades. Fueron unos 2.750 candidatos, quienes peleaban por los 102 curules en el Senado y 167 en la Cámara de Representantes. Las elecciones para el Congreso se hacen dos meses antes que las de presidente de la Repú- blica, el segundo domingo de marzo y el tercer domingo de mayo.
–¿Cómo funcionaba el sistema en ese momento?
–Cada candidato debía rendir cuenta individual y el partido consolidar esa información por lista, es decir, hay una lista al Senado, a la Cámara de Representantes y una internacional, unas 63 listas, en el caso de los partidos tradicionales que presentan candidaturas para todos los cargos, a diferencia de los partidos más pequeños que pelean en departamentos puntuales.
–¿Cuál fue el siguiente paso a dar en el proceso?
–Ya en el 2011, se dieron las Elecciones Territoriales (Municipales), donde se manejaron unos cien mil candidatos. Colombia tiene 1.120 municipios, y por cada uno se elige un alcalde y un mínimo de 9 o 12 concejales. Ahí tuvimos una participación del 83% de uso voluntario de la herramienta, igualmente, se presentaron muchas capacitaciones y ayudas, y ahí ya se manejó el libro de ingresos y gastos, que es el mecanismo por el cual los candidatos reportan individualmente cada movimiento contable que hacen, de ingreso y gastos.
–¿Cuándo se llegó a la obligatoriedad en el uso de la herramienta?
–Ya en el 2014, el Consejo Nacional Electoral (CNE) estableció con una resolución la obligatoriedad de la utilización de la aplicación. Eso fue para las Elecciones al Congreso nuevamente de ese año, en las que ya hubo una utilización del 92%.
–¿Qué efectos tuvo?
–Con eso nos acercamos mucho más a la realidad financiera de las campañas electorales, básicamente, ya se comenzaron a producir análisis de las campañas en sus ingresos y gastos. Indudablemente, este proyecto, al contar con una parte de la sociedad civil que lo apoya, y la parte electoral, ha sido una combinación buena, porque tanto los medios de comunicación como la sociedad interactúan mucho con el aplicativo, consultando datos y cuando hay un escándalo que tiene que ver con financiación, el pico de consulta sube muchísimo.
–¿Qué sanciones reciben los candidatos y partidos que no cumplen?
–El partido tiene una sanción económica que va entre USD 3.000 y USD 50.000 por la no rendición, además de la apertura de una investigación administrativa en el CNE. Los que no presentan generalmente son los partidos pequeños que han perdido y ya no tienen ánimo de volver a gastar en un contador para realizar la rendición de cuentas.
–¿Cuál fue la última experiencia que se dio?
–Fueron las Elecciones Territoriales del 2015, y el año que viene (2018) tenemos elección de Congreso y presidente en marzo y mayo.
–¿Qué innovación habrá para el año que viene?
–La innovación la sugiere la Reforma Electoral que viene en camino, el presidente (Juan Manuel Santos) contrató a unos siete expertos que realizaron unas 300 propuestas para mejorar solamente en el tema de financiación política.
–¿En qué afecta a la aplicación esta reforma?
–Con respecto a la aplicación hay dos importantes temas, uno es que por ley el aplicativo Cuentas Claras sea la herramienta de rendición de cuentas, y segundo, que las campañas digitalicen las facturas y cargadas al sistema como mecanismo de verificación, o sea, que para ahí va el software, publicar los soportes contables de las campañas políticas y creo que para allá vamos, para fortalecer el acervo probatorio de la información que publican.
–¿Cómo reaccionaron los partidos políticos en todo este proceso?
–Indudablemente, los partidos políticos tenían al comienzo sus reservas, pero el ofrecerles una ayuda en capacitación y mostrarles cómo una herramienta que les facilitaba el proceso que seguían sus candidatos, muchos con limitaciones, entonces ellos vieron las ventajas que una herramienta les pueda generar los formularios diligenciados con los datos que digiten y mejoran la presentación, o sea, se convirtió en una ayuda para ellos.
–¿Cómo se investiga el dinero sucio en campañas?
–La aplicación consolida la información y la expone a los medios, que se encargan del análisis, y de ella salen los cortes para que la Unidad de Análisis de Delitos Financieros (UADF) analice como tal, y por ejemplo, si un candidato dice que de sus recursos propios aporta USD 300.000 a la campaña, ellos verifican si tiene activos suficientes como para esto. Igualmente, la Procuraduría y la Contraloría, los entes de control, reciben la información del sistema, porque el CNE no tiene la capacidad de analizar.
–¿Hubo casos de irregularidades detectadas?
–Sí, han habido casos, por ejemplo, un candidato a la alcaldía reportó un concierto que valió unos USD 10.000, y el artista mismo cobra como mínimo en su presentación USD 50.000, monto que ya es el tope permitido de gasto de campaña, por eso lo falseó. Entonces, por ese motivo fue destituido de su cargo, porque fue el candidato que ganó. También otro alcalde electo, la Fiscalía investigó sus gastos y comprobó que fueron mayores a los que él reportó, por lo que también lo destituyeron por superación de topes y hasta fue encarcelado. Los topes son variados, por ejemplo, para Senado son unos USD 250.000 por lista y para presidencia unos USD 7 millones.