Todos estamos de acuerdo en que quienes más ingresos tienen, deben pagar más. Pero la mala política de comunicación de parte del Gobierno sobre los cambios que pretende hacer al impuesto a la renta personal (IRP) hizo que hasta las personas que no están ni estarán afectadas por estas modificaciones reaccionen negativamente.
Hasta ahora lo poco que se sabe es que el Gobierno pretende hacer dos modificaciones, una por ley y otra por decreto del Poder Ejecutivo. Para la primera, analiza la posibilidad de reducir la cantidad de gastos deducibles para que los contribuyentes alcanzados por este impuesto tributen un monto mayor. Para hacer los cambios, que aún no se sabe cuáles son ni a quiénes afectarán (se presume que será a quienes perciban 10 salarios mínimos al mes o más, algo así como G. 18.240.550), se necesita modificar la ley que puso en vigencia el IRP, y, por ende, la aprobación del Congreso.
El segundo cambio guarda relación con la posibilidad de que los empleadores y empresas retengan los ingresos de los alcanzados por el IRP, en porcentajes que van del 0,5% al 2%. Con esto, se asegura que el dinero ingresará directo a las arcas fiscales, y le permitirá al Tesoro contar con más recursos para atender los gastos del Estado.
La relación conflictiva de la gente con el IRP es de larga data. El tributo fue creado en el año 2004, a través de la Ley de Adecuación Fiscal, y debió entrar a regir en enero del 2006. El fin del tributo es formalizar la economía, pues al permitir deducir la mayoría de los gastos para pagar menos impuesto, quienes están alcanzados solicitan facturas legales, y con ello aumenta la recaudación del IVA y del Iracis.
Pero como el impuesto afectaba a la clase más rica del país, siempre se obtuvieron los votos necesarios en el Congreso para posponer su vigencia, hasta que finalmente entró a regir en el año 2012 y terminará de implementarse en el 2019, cuando alcance a quienes perciben 36 salarios mínimos al año.
Y si afecta a la clase económica que tiene más ingresos, ¿por qué tanto alboroto? Porque, hasta donde se sabe, los cambios solo se aplicarán a quienes ya están inscriptos en el IRP, y principalmente a los asalariados. ¿Son los asalariados los más ricos de este país? Obviamente no. ¿Por qué el Ministerio de Hacienda no busca mecanismos para sumar a más contribuyentes al tributo en vez de castigar a quienes ya están pagando? Porque su sistema de control aún es débil y el sistema informático necesita mejorarse, y para ello se requiere más inversión.
¿Es conveniente aplicar modificaciones a un tributo cuya vigencia absoluta será recién dentro de tres años? La recomendación es que no. Definitivamente, la estrategia de comunicación del Gobierno es errada. Si hubiese comenzado diciendo que los cambios afectarán solo al 2% de la población más rica del país, si hubiese sido claro en las propuestas de reforma, y si no sembrara dudas que orientan a creer que solo los formales terminarán sufriendo las consecuencias de los cambios, quizá hoy todos hubiésemos estado frente al Parlamento exigiendo los cambios.