Samuel Acosta
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En sesión ordinaria la Cámara de Senadores decidió ayer –casi por unanimidad– aceptar las modificaciones introducidas por Diputados a la Ley 125 Del Impuesto Inmobiliario, que elevará hasta cuatro veces el valor fiscal de las tierras rurales desde el próximo año.
La normativa tuvo dictamen favorable de las comisiones de Hacienda y de Asuntos Municipales; no obstante, el dictamen de Legislación lo calificó de “inconstitucional” y exigió que sea el Congreso quien fije el valor fiscal.
Esta propuesta no tuvo la adhesión de los Senadores que entendieron que es el Servicio Nacional de Catastro, institución dependiente del Poder Ejecutivo, la que tiene la capacidad para fijar el valor fiscal de la tierra.
Con la nueva normativa –aún pendiente de promulgación– los valores fiscales se fijarán desde el próximo año en base a un estudio sobre potencial productivo del suelo, elaborado en 2006 por el Banco Mundial y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
zonificación. Las tierras agrícolas consideradas de mayor potencial y que se encuentran en gran parte en los departamentos de Canindeyú, Alto Paraná e Itapúa, que actualmente están pagando por año G. 3.640 por hectárea, pasarán a abonar a sus municipios locales la suma de hasta G. 10.920 por cada hectárea de tierra.
Una situación similar ocurrirá con las zonas consideras como campo alto agropecuario, tierra agrosilvopastoril y campo bajo agropecuario, cuyos valores fiscales serán modificados desde el próximo año (ver info).
APOYO DE LA UGP. Un dato no menor es que la Unión de Gremios de la Producción (UGP), a través de su presidente, Héctor Cristaldo, señalaba el mes pasado a nuestro diario que el gremio está de acuerdo con el cambio de la ley.
“Es tiempo de terminar con esta discusión y que se pague lo que se tenga que pagar de acuerdo a la actitud o capacidad de cada suelo”, reconoció Cristaldo.
Los empresarios agropecuarios venían denunciando que los municipios locales, al cobrar un bajo impuesto inmobiliario, les imponían tasas de forma irregular.
“Va a ser una erogación mayor, pero vamos a sanear lo que ahora está maquillado... hay lugares (municipios) donde te cobran hasta por mantenimiento de plazas donde no las hay, o por mantenimiento de caminos que hacemos nosotros”, se quejó.
PRECIO DE MERCADO. Entre 44 y hasta 141 veces más es la diferencia entre el precio de mercado por hectárea con relación al actual valor fiscal asignado para determinar el pago del impuesto inmobiliario.
El precio por hectárea en los distritos de Juan León Mallorquín, Minga Guazú y Santa Rita –todos en el Departamento de Alto Paraná– rondan en promedio los G. 40 millones, según la estimación que maneja Catastro.
La nueva normativa permitirá que, al segundo año de su vigencia, se pueda paulatinamente realizar ajustes de los valores fiscales hacia los precios reales de mercado de las tierras rurales.
Cabe recordar que el tributo se impone sobre el 1% del valor fiscal asignado por hectárea de tierra en el campo y no afectará a zonas urbanas.