El procedimiento, liderado por el fiscal Juan Manuel Ledezma, se realiza tras el ingreso al país del supuesto narcopastor , que se produjo sin activarse los protocolos, a pesar de que el mismo cuenta con una orden de captura en el marco de la operación contra el A Ultranza Py.
El pastor de la iglesia Centro de Avivamiento de Curuguaty y ex precandidato a la Gobernación de Canindeyú ingresó al país el pasado 8 de julio, según los registros de Migraciones.
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A pesar de que el mismo cuenta con orden de captura, los funcionarios de Migraciones no activaron los protocolos que hubiesen permitido su detención.
Como consecuencia, la titular de la Dirección General de Migraciones, Ángeles Arriola, indicó que una funcionaria, cuyo nombre no brindó, fue apartada de su cargo tras detectarse que se permitió el ingreso del prófugo omitiendo una alerta en el sistema informático de la institución.
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Este martes, la jueza Rosarito Montanía solicitó informes a la Dirección de Migraciones luego de que no se activaran los protocolos ante el ingreso por Puerto Falcón del presunto “narcopastor”. La magistrada emplazó por 24 a la institución.