Los líderes del sector privado ratificaron su posición de bajar del 10% a un 7% acumulado de inflación, lo que derivaría a analizar los ajustes en promedio cada un año y medio. También pidieron que, en caso de modificarse la Ley Nº216/93 del Código del Trabajo, se establezca que su aplicación entre a regir recién desde enero del 2017, de modo a que no afecte a los presupuestos tanto de las empresas como del sector público.
Los voceros fueron Beltrán Macchi, titular de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay (CNCSP); Manuel Riera, vicepresidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP); Ricardo Carrizzosa, presidente de la Cámara de Importadores del Paraguay (CIP), y Carlos Jorge Biedermann, titular de la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP).
Durante la conferencia de prensa realizada en la sede del CIP, Macchi aseveró que el sector comercial se ha visto resentido este año por el bajo nivel de consumo, por lo que realizar a esta altura del año un incremento de 7% de salario base podría implicar que varias empresas se vean obligadas a revisar su planilla de obreros para responder a este mayor gasto que le imponga la ley.
También cuestionó que exista actualmente una brecha de 50% entre el promedio del salario público con el salario privado, que también se vería afectada si los aumentos son anuales, como propone el Gobierno a través del proyecto de ley que presentó ante la Cámara de Senadores. “La brecha sería mayor, incluso al 60%. Creemos que los aumentos de la planilla del sector público deberían congelarse por lo menos por tres años”, declaró.
Finalmente, Biedermann exigió también a la autoridades de la Administración Pública a que mejoren la calidad del gasto y que no sigan sobre endeudando al país. “Queremos que nuestros aportes en impuestos se gaste bien, en beneficios sociales y no financiera más viajes a Cancún o en secretarias vip; no se puede seguir inflando el globo”, disparó.