Las denuncias fueron recogidas en un informe emitido este jueves, después de que 43 representantes de ONGs, integradas en una “Misión de Observación internacional”, visitaran durante cuatro días distintas zonas de nuestro país.
“Con el argumento de la persecución del enemigo interno (EPP), desde el primer estado de excepción decretado en 2010, el Estado paraguayo ha profundizado sus prácticas represivas, a través de la asignación de funciones de seguridad interna a los cuerpos militares”, dice el informe elaborado por la Misión.
El texto, basado en testimonios de los pobladores e instituciones de esas áreas, denuncia la existencia de agresiones, abusos sexuales, detenciones arbitrarias e incluso denuncian la existencia de “ejecuciones extrajudiciales” por parte de las tropas desplegadas.
“Los campesinos son sorprendidos en sus casas por la noche y desalojados violentamente por hombres vestidos con ropa de camuflaje y los rostros cubiertos, no se identifican y amedrentan a los niños”, manifestó en rueda de prensa Ana Juanche, una de las portavoces de la Misión.
El número de muertos atribuidos al grupo armado desde la asunción de Horacio Cartes, el pasado agosto, se elevó a siete el 24 de octubre, con el asesinato de un comisario en una emboscada.
El primer supuesto ataque del EPP tras la toma de mando de Cartes se registró el 17 de agosto, cuando fallecieron cinco guardias de seguridad de una hacienda ganadera de propiedad brasileña en Tacuatí.
A los pocos días, el Gobierno logró que se aprobaran enmiendas a la Ley de Defensa Nacional para enviar de inmediato fuerzas militares a la zona donde presuntamente opera el grupo, en los departamentos de San Pedro, Concepción y Amambay, fronterizo con Brasil.
El pasado 1 de octubre, otro oficial de la Policía murió también en Tacuatí, en el ataque a una comitiva del Ministerio del Interior que realizaba una misión de capacitación policial en derechos humanos.
Desde entonces, unos 300 efectivos del Ejército permanecen desplegados en la zona.
“Lo que ha pasado en la realidad es que en vez de encontrar a los responsables se están produciendo abusos contra personas inocentes”, afirmó en la rueda de prensa Enrique Gauto, secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy).
El EPP, al que las autoridades atribuyen sus orígenes en el partido Patria Libre, no ha reivindicado públicamente ninguno de los ataques ocurridos desde agosto, y el Gobierno no ha facilitado información de detenciones de presuntos miembros en estos meses.
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