19 mar. 2024

Resolver dramas de cárceles es una asignatura pendiente

Un nuevo motín de jóvenes reclusos, ocurrido el miércoles en el Centro Educativo del Este, dejó un lamentable saldo de 15 chicos quemados, con el trágico fallecimiento de uno de ellos en el día de ayer, tras haber sido trasladados hasta Asunción en muy grave estado. Dar una salida a la situación de hacinamiento en las cárceles del país sigue siendo una de las principales asignaturas pendientes del Estado paraguayo. Nuestro país ya había sido sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2004 por el inhumano trato en las cárceles, en ese entonces en el correccional Panchito López. El fracaso del sistema judicial, con un 78 por ciento de presos sin condena, sigue siendo el principal problema.

Al ver las dramáticas escenas de 15 jóvenes quemados tras un amotinamiento ocurrido el miércoles en el Centro Educativo de Ciudad del Este, fue inevitable no asociarlas con lo acontecido en el 2001, en Asunción, cuando también un generalizado motín de protesta por las pésimas condiciones de reclusión en el entonces correccional juvenil Panchito López derivó en un gran incendio, en el cual murieron varios chicos y muchos más quedaron con graves heridas.

Aquella tragedia, cuyas imágenes recorrieron el mundo, hicieron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aplicara sanciones de condena al Paraguay en el 2004. El informe destacaba que durante tres incendios ocurridos en los años 2000 y 2001, doce jóvenes murieron y decenas resultaron heridos. El escándalo obligó al cierre del Panchito López y las medidas de reparación impuestas por la CIDH demandaron elaborar una mejor política pública integral acerca del sistema carcelario, lo cual solo se cumplió en mínima medida.

Lo ocurrido en Ciudad del Este, al igual que el otro dramático caso de la mujer que murió el miércoles, tras haber incendiado un colchón, en protesta por su detención en el interior de una celda de la comisaría de Lambaré y acabar con graves quemaduras en todo el cuerpo, ponen de resalto el poco valor que se sigue dando a la vida humana desde las estructuras de las fuerzas públicas y el sistema penitenciario.

En el Alto Paraná, los adolescentes iniciaron una medida de protesta exigiendo derechos y 15 acabaron quemados, 11 de ellos con mucha gravedad, al punto de tener que ser trasladados a centros asistenciales de Asunción. Uno de ellos, de 17 años de edad, falleció ayer en el Centro Nacional de Quemaduras y Cirugías Reconstructivas.

Según los últimos datos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), en los 18 centros penitenciarios, que tienen capacidad para alojar a unas 8.525 personas presas, están recluidas unas 13.535 personas. Es decir, hay una superpoblación de 5.010 personas, que sufren el hacinamiento y el maltrato. Un 78% de los presos permanece sin condena y el 70% admitió haber sido víctimas de torturas en los procedimientos de arresto y durante su permanencia en las cárceles.

Algo se está haciendo mal para que las cárceles rebosen de presos, mientras la oleada de crímenes sigue creciendo, al igual que la percepción de inseguridad ciudadana. Mientras la corrupción, la ineficiencia y el sometimiento político del Poder Judicial no sean combatidos con mayor voluntad, será difícil cambiar esta situación. Hay una gran responsabilidad del Gobierno, pero también se requiere de una decidida presión y participación ciudadana para lograr revertir el drama, antes de que estalle una crisis mayor en las cárceles del país.

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