La Cámara Alta no aceptó las modificaciones al proyecto de ley que fueron incluidas por la Cámara de Diputados, las cuales buscaban la participación de Contrataciones Públicas con la realización de licitaciones públicas, pero con un margen de preferencia para que empresas locales, en cada departamento en que se llevan adelante las obras, tengan la posibilidad de una mayor participación.
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La propuesta del Poder Ejecutivo contempla la construcción de 6.000 soluciones habitacionales en todo el país entre 2020 y 2021 vía Ley 3637, del Fondo Nacional de Vivienda Social (Fonavis), que emite transferencias directas a las organizaciones sociales, dejando a cargo de las mismas la elección de constructoras, sin concurso ni llamado público y descartando la posibilidad de un control ciudadano sobre el uso de los recursos y la ejecución de las obras.
El senador liberal Fernando Silva Facetti dijo que en el proyecto de Senadores se sacó el control de la Contraloría General de la República por la figura de la vía de excepción, pero que la ley de Licitaciones Públicas, incluida por Diputados, podría otorgar garantías, publicidad y transparencia al proyecto.
“No más créditos generales de libre disponibilidad y difícil control, ni aprobación de deuda pública sin conocer las condiciones de operación, los costos asumidos por el país y los fines previstos para recursos. Ya no más cheques en blanco, ni aprobación de paquetes de deuda”, había expresado el legislador liberal en su cuenta de Twitter sobre el proyecto.
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El parlamentario también había recordado que existen denuncias que afectan al MUVH y hasta la Contraloría General de la República está investigando las acusaciones relacionadas con la falta de transparencia y sobrefacturación de obras por viviendas sociales.
Por su parte, el senador colorado Juan Carlos Galaverna dijo que votaría por la versión del Senado por la confianza al nuevo titular del Ministerio del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (Muvh), Carlos Pereira.
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En ese sentido, manifestó que cualquiera puede pensar que la solución a cualquier caso de corrupción son las licitaciones públicas, pero sostuvo que las licitaciones son uno de los métodos más utilizados para defraudar al Estado, “con famosos convenios entre los licitantes, la aparición de una misma empresa con varias denominaciones”, entre otras.
La ratificación del proyecto contó con 28 votos a favor y debe volver ahora a la Cámara de Diputados, en el marco de un plan de reactivación económica por la pandemia del coronavirus.
Las críticas iniciales al proyecto guardaban relación con la emisión de nuevas deudas, cuando aún habían recursos aprobados por la pandemia sin utilizar que podían haber sido redireccionados.