Digno Ramón López Delgadillo presentó una denuncia penal contra el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, (), , funcionarios de la institución y responsables de las empresas consorciadas bajo la denominación Rutas del Este, a cargo de las obras de duplicación de la ruta PY02.
La denuncia fue presentada ante la fiscala interina María Lucía González, por los hechos punibles de homicidio con dolo eventual, actividades peligrosas en la construcción e intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre, por la muerte de su hija Diana Mariel López Rojas, de 29 años, ocurrida el pasado 10 de diciembre de 2021.
El accidente se produjo a la altura del km 76,800 de la ruta PY02, en la compañía Boquerón 2 del distrito de Eusebio Ayala, informó el periodista Elías Honzi, de Última Hora.
Según los datos, en la fecha mencionada, cerca de las 06:00, cuando la joven pretendía ir al trabajo, debido al muro divisorio y la falta de cruce peatonal, tuvo que trepar el mencionado muro de cemento para pasar al otro lado y tomar el colectivo.
Cuando terminó de bajarse del lado en que pretendía colocarse, sufrió un desequilibrio, momento en el cual fue embestida por un motociclista que circulaba con rumbo este-oeste. La joven perdió la vida en el lugar.
Diana Mariel López era ingeniera agroindustrial y trabajaba en el campo experimental denominado Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA), del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), ubicado en el cerro de Caacupé.
El denunciante responsabiliza del caso al muro y al supuesto mal diseño de la ruta. De acuerdo con la denuncia, ya desde el inicio de la obra de ampliación, los vecinos se percataron de que no se había previsto ningún retorno en el tramo de casi 10 kilómetros, así como tampoco los cruces peatonales en el sector de la ruta que afecta a la comunidad en las tareas cotidianas de movilización y comunicación.
Asegura que el informe socioambiental que sirvió de base para el diseño y construcción de la ampliación de la ruta PY02, dice que “nadie vive en la zona”, pero que en la zona se encuentran asentadas cientos de familias, donde además de las viviendas, fueron construidas escuelas, un campo comunal, una fábrica de derivados de la mandioca, el Club 3 de Febrero, una cancha de carreras, negocios como ferreterías, venta de electrodomésticos y almacenes, un centro de alto rendimiento, varios centros urbanos, iglesias, evangélica y católica, etc., todos ubicados a uno y a otro lado de la ruta.
El denunciante manifiesta que los vecinos se organizaron, antes del accidente fatal, en agosto, para exigir a autoridades municipales de Eusebio Ayala; luego ante el MOPC y el consorcio Rutas del Este, exigiendo una explicación y para revertir la situación; sin embargo, menciona que “la respuesta fue una silenciosa indiferencia”.
Asimismo advierte que de no intervenir la obra se pone en riego la vida de escolares, docentes y padres. “Tendrán que hacer la aventura de saltar o trepar el muro de la divisoria de la ruta”.