La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley “Que amplía el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022, aprobado por Ley 6873, de fecha 4 de enero de 2022, que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2022 - Ministerio Público”.
Los diputados modificaron el monto original solicitado de G. 116.945.578.811, equivalentes a casi USD 17 millones, y finalmente otorgaron casi la mitad de ese valor, consistente en G. 64.707.532.946, monto equivalente a unos USD 9,4 millones, propuesto por el diputado Tadeo Rojas (ANR-Central), presidente de la Comisión de Presupuesto.
De acuerdo con el parlamentario, el presupuesto será destinado para la creación de 49 unidades fiscales que permitirán el fortalecimiento de unidades especializadas en delitos económicos; delitos contra la corrupción; contra el narcotráfico; de lucha contra el abuso sexual en niños y niñas, entre otros.
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La intención sería habilitar las unidades penales en ciudades como Mayor Otaño; Encarnación; San Pedro del Ycuamandyyú; San Lorenzo; Capiatá; Luque; y otras más.
Asimismo, servirá para la contratación de médicos forenses; psicólogos; trabajadores sociales; peritos; choferes; y otros; además de la adquisición de detectores de metales; escáneres; equipos de laboratorio para ADN; microscopio comparador; discos duros para pericia forense; unidades móviles con su respectivo combustible; pago de servicio de energía eléctrica; y pago de alquileres en ciudades de todo el país.
Según Rojas, el proyecto original incluía un incremento salarial para funcionarios del Ministerio Público, aunque eso fue eliminado.
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En apoyo a la propuesta, el diputado colorado Raúl Latorre destacó que con este dinero se están dando herramientas y sin esto, no se pueden pedir resultados. Agregó que hay que dar señales claras de que la lucha contra el crimen es realmente una prioridad.
En contra de la ampliación se pronunció la diputada liberal Celeste Amarilla, quien mencionó que se trata de un “oportunismo” y que el proyecto fue presentado tras el asesinato del fiscal Marcelo Pecci. “Si no moría Pecci, ¿no iban a pagar la ANDE?”, cuestionó.
En el mismo sentir, el parlamentario Fernando Oreggioni (PLRA-Itapúa) sostuvo que la gestión de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, “deja mucho que desear y hasta resulta muy cuestionable”. El documento pasa ahora a la Cámara de Senadores.