Este perverso mecanismo de elaborar el Presupuesto, además de dañar la estructura presupuestaria, destruye cualquier posibilidad de construir una carrera del servicio civil, de gratificar a quienes se dedican con compromiso y honestidad a la dura tarea de proveer servicios públicos de calidad a la ciudadanía y de limitar la transferencia de recursos a los operadores políticos.
Es bien sabido que listas enteras de seccionaleros y hasta futbolistas cercanos a políticos tienen salarios en el sector público. A estos se agregan sobresueldos, viáticos, premios, almuerzos y bonificaciones que no tienen ninguna contrapartida en términos de calidad de los servicios públicos.
El Parlamento debe poner fin a la sangría que significa la entrega de impuestos a funcionarios públicos y plantear paralelamente un plan de racionalización de todos los fondos que van a los servicios personales.
No se trata de precarizar la función pública ni mucho menos de poner como parámetro el sector privado. La informalidad del sector privado, la evasión a la seguridad social y las brechas existentes allí no deben constituir el punto de partida. Por otro lado, las estadísticas muestran que en su conjunto el nivel educativo promedio del funcionario público es más alto. Es decir, en primera instancia, es simplista una comparación entre ambos sectores a la hora de establecer criterios.
Lo que no queda duda es el nivel de prebendarismo y la partidización del sector público, lo cual impide cualquier aspiración de construir una carrera basada en el mérito académico y los resultados de la gestión.
El Parlamento no solo debe poner límites a los aumentos que anualmente son exigidos sin justificación basada en el mejor desempeño o en metas que impliquen el aumento de la cobertura a la ciudadanía. También debe ser capaz de impulsar la implementación de la carrera profesional, ya que la estructura salarial, componente fundamental de la carrera, se establece presupuestariamente.
Esta carrera debe ser impulsada a partir de una política diseñada y acordada con los otros dos poderes del Estado y debe garantizar el acceso y la promoción en el sector público basado en las credenciales educativas, las competencias y los resultados obtenidos. Las remuneraciones y cualquier beneficio monetario adicional deben estar alineados al cargo, las responsabilidades y los resultados.