La niña de 14 años ya tiene una hija de 2 años y su padre sería el propio tío de la adolescente. Además, se presume que la menor de 11 años estaría embarazada, informó el periodista de Última Hora Robert Figueredo.
El sacerdote de la iglesia de San Joaquín, Lucio Vargas, realizó la serie de denuncias en mayo de este año y recién luego de seis meses los órganos jurisdiccionales comenzaron a moverse. “Lamentable la inacción de Codeni (Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente), Fiscalía, Juzgado de la Niñez y la Adolescencia y de la misma Defensoría Pública”, lamentó el religioso.
La mujer vive sola en una precaria vivienda con cinco de sus siete hijos. El espacio físico del inmueble es de unos 4 x 4 metros, donde duermen, cocinan y almuerzan. Todos los menores están con graves afecciones de la piel y del cuero cabelludo.
De acuerdo a informes proporcionados por el padre Lucio Vargas, la hija menor de 11 años fue derivada a un albergue de la ciudad de Paraguarí y se encuentra probablemente en estado de gravidez.
Mientras que los menores de 5, 7 y 14 años, más el bebé de esta última, fueron llevados a una casa de familia en situación de albergue provisorio hasta que la Justicia determine su destino final.
Según la denuncia, en horas de la noche varios hombres concurrían a la vivienda y, tras consumir bebidas alcohólicas, sometían sexualmente a las menores. Supuestamente, la madre cobraría la suma de G. 50.000 por prostituir a sus hijas.
No obstante, la mujer desmiente que prostituya a sus hijas y refiere que la denuncia formulada en su contra es producto de la maldad de sus vecinas.
ORDEN DE CAPTURA. Sobre un tío de la adolescente de 14 años pesa una orden de captura por abuso sexual. Este sería el padre del bebé que nació hace 7 meses. Según las versiones manejadas en la colonia, el mismo afrontó todos los costos del embarazo hasta llegar al alumbramiento.
Los nombres de las menores y el de la madre se omiten en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez, que prohíbe la publicación de datos que posibiliten identificar a los menores de edad en condición de víctima o supuesto autor de hechos punibles.
En la edición anterior se presumía que una de las niñas tenía 13 años. Sin embargo, según pudo corrobar la redacción, tiene 11.