La Policía miente, tortura y mata. Quizás no en ese orden, pero lo hace. Desde hace mucho y nunca paró. Puede sonar exagerado, pero no lo es.
El caso de Rodrigo Quintana dejó completamente al desnudo cómo opera el aparato policial en momentos de crisis. La Policía ingresó sin orden judicial a la sede del principal partido opositor del país y mató a un joven de 25 años a quemarropa. Ningún oficial hizo alguna pregunta antes. Abrieron la puerta y dispararon. Segundos después, el comisario Tomás Paredes Palma y otros agentes de Investigación de Delitos llegaron y arrasaron con cuanto liberal estaba parado. De nuevo, ningún policía hizo preguntas. El objetivo era atropellar, intimidar, mandar un mensaje y salir de ahí. El objetivo se cumplió y salieron. Ni siquiera se dignaron a auxiliar a Rodrigo, que agonizaba en el pasillo.
A partir de ahí comenzó la maquinaria de mentiras, con un abierto respaldo del Gobierno. Que persiguieron a una turba que se refugió segundos antes en el PLRA, que hubo un forcejeo, que ningún comisario dirigió el operativo, que el suboficial que disparó a Rodrigo era un policía arrestado que se escapó y se infiltró en el contingente policial.
A cada mentira defendida por el Ministerio del Interior, un testimonio o un video salían a la luz y desarmaban la versión oficial. Entonces, se construía una nueva narrativa: Del forcejeo, pasamos al suboficial sicótico e insubordinado, luego a la supuesta persecución previa a unos inadaptados y cómo el comisario Paredes Palma llegó 20 minutos después del atraco. El guion fue evolucionando porque todo –desde el enfrentamiento, la presencia desautorizada de un suboficial, hasta la persecución y la ausencia de jefes policiales en el operativo– fue rebatido con imágenes de la prensa, celulares o cámaras de seguridad.
Lo más preocupante no son las mentiras de la Policía, sino el amparo que encuentra en el Ministerio Público. A más de una semana del crimen, no se sabe quién dio la orden para entrar al partido y solamente se imputó al suboficial Gustavo Florentín. El Gobierno pretende a todas luces que este suboficial sea el chivo expiatorio. El oficialismo incluso quiere instalar la idea de que el crimen fue un complot contra Cartes. Por más delirante y ofensivo que parezca, los máximos referentes colorados repiten la teoría conspiratoria sin un ápice de evidencia y con la más absoluta impunidad.
La Policía miente, tortura y mata. La madrugada del 1 de abril torturó a un abogado, que convenientemente ya está imputado por los disturbios en el Congreso; mató a un muchacho y hasta ahora sigue mintiendo. Y, hasta ahora, la Fiscalía lo permite.