La jueza Hilda Benítez resolvió excluir la querella de los padres de Rodrigo Quintana, en la causa de la muerte del dirigente liberal. Sin embargo, desde la defensa adelantaron que apelarán la medida.
Con la exclusión se canceló la personería a los dos abogados en la causa, Guillermo Duarte y Santiago Lovera. La Fiscalía se allanó al incidente de exclusión de la otra querella, informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.
El fiscal del caso, Giovanni Grisetti, dijo al contestar el traslado que correspondía hacer lugar al pedido de la querella que representa a la hija de Rodrigo Quintana, porque ella era la heredera de la víctima.
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Por su parte, el abogado Guillermo Duarte Cacavelos anunció que apelará la resolución por considerarla arbitraria y por ende nula. “En esta resolución se aplica reglas del proceso civil para determinar calidad de víctima en un proceso penal”, explicó el letrado en sus redes sociales.
Sostuvo que se confunde lo que es vocación hereditaria civil, donde el descendiente le excluye al ascendiente, con calidad de víctima del proceso penal, que no es lo mismo.
“Los padres de Rodrigo no serán apartados del caso. En el proceso penal los familiares no se excluyen por una muerte, porque puede haber más de una persona ofendida por el hecho punible, como dice la ley”, indicó.
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Afirmó que la misma Cámara de Apelaciones de este caso ya se expidió en otros casos en este mismo sentido, diciendo que puede haber más de una víctima afectada por el hecho punible.
En el caso, el suboficial Gustavo Florentín es el único acusado por la muerte del joven, ocurrido en la sede del PLRA, entre la noche del 31 de marzo y madrugada del 1 de abril del año 2017, luego de la quema del Congreso Nacional, tras una manifestación contra una enmienda constitucional para introducir la figura de la reelección presidencial.
Los agentes de la Policía Nacional entraron a disparar y a golpear salvajemente a quienes estaban en el local partidario, asesinando con balas de escopeta a Rodrigo, de 25 años de edad.
Hasta la fecha, el Ministerio Público no identificó quién dio la orden de atropellar la sede del PLRA.