En conferencia de prensa, el intendente de , y otros miembros de su gabinete municipal, argumentaron varios puntos relacionados con unas acusaciones por malversación de fondos presentadas por la Contraloría Ciudadana.
Según el jefe comunal, el grupo contralor está manejado por personas que cuentan con intereses políticos y económicos.
Recientemente, la organización presentó un análisis de la ejecución de lo recaudado por impuesto inmobiliario en el año 2020 y acusó a la administración de Prieto de incurrir en los mismos vicios de la anterior gestión municipal a cargo de la destituida intendenta de Zacarías.
Uno de los puntos que denunciaron tiene que ver con que se recaudó más de G.15.381 millones, que debieron aplicarse a gastos de capital, pero solo se aplicaron G. 7.708 millones.
Lea más: L
Prieto manifestó que están en condiciones de rebatir punto por punto los cuestionamientos de la Contraloría Ciudadana y mencionó que existe un interés económico gigantesco por parte del mismo presidente de la Contraloría Ciudadana, Julio César López, quien en varias ocasiones solicitó una multimillonaria indemnización en concepto de una deuda ocasionada por la administración del clan Zacarías.
La comuna local informó que López también es presidente de Concesiones Metropolitanas del Paraguay SA y el primer día de la gestión del intendente Prieto solicitó una multimillonaria indemnización de más de G. 55.000 millones, bajo denuncias falsas e intereses personales.
Prieto también recordó que, en dos oportunidades, la intendencia solicitó un debate público a la Contraloría Ciudadana para confrontar las versiones, pero que la organización civil hizo caso omiso a esta propuesta.
El director general de la Municipalidad, Daniel Pereira Mujica, explicó que en los aspectos técnicos existen sesgos económicos y de otra índole, ya que el informe de la organización omite tajantemente la situación de pandemia y las inversiones públicas de la Municipalidad.
Asimismo, Pereira mencionó que la Contraloría Ciudadana desconoce los multimillonarios ahorros logrados por la administración en las áreas de combustible, insumos, publicidad, almuerzo escolar, entre otros.
“El grupo de personas que se autodenomina Contraloría Ciudadana, carece de imparcialidad, al estar ligado su presidente con una firma que reclama el pago de una deuda sin ajustarse a las condiciones legales”, señaló el Municipio conforme a un análisis de la asesoría jurídica de la institución.