La se erigió este miércoles como defensora del derecho a la propiedad privada y ratifica la inviolabilidad de la misma, además de exhortar a los organismos estatales a hacer cumplir lo que establece la Constitución Nacional y los Códigos Civil y Penal con respecto a la propiedad privada.
El proyecto de declaración tuvo un extenso debate y fue aprobado con la salvedad de que se incluyan algunas consideraciones, como que la solución al problema no solo pasa por un proyecto de declaración, sino primordialmente por una política pública de acceso a la tierra. Es decir, aclararon que el proyecto de declaración no soluciona nada.
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El legislador Basilio Núñez (ANR-Presidente Hayes), uno de los principales impulsores del documento, se refirió al reciente caso de Itakyry, en Alto Paraná, donde un grupo de 100 indígenas, bajo el supuesto amparo de políticos, activistas y funcionarios, incluso, del (Indi), invadieron varias propiedades privadas, pertenecientes a seis familias.
La problemática en el caso Itakyry se hizo conocida en el mes de junio, luego de un violento desalojo con quema de escuelas y viviendas que obligó a la comunidad, con más de 100 niños, a trasladarse a Asunción para pedir al Estado su mediación.
Tanto la comunidad como otras personas tienen títulos de propiedad, por lo que existe una mensura judicial de por medio, impulsada por el Indi, que adquirió tierras en el lugar.
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El diputado Núñez señaló su preocupación con respecto a la Cámara de Senadores, donde aseguró se están estudiando proyectos que buscan despenalizar la invasión de predios e inmuebles, de modo a evitar desalojos, ante lo cual sostuvo que la Cámara Baja debe asumir el rol de principal defensor del derecho a la propiedad privada.
“La Cámara de Diputados es defensora del respeto a la propiedad privada y bajo ninguna circunstancia apoyamos la invasión de tierras, ni cedemos al chantaje de ciertos líderes invasores, por considerar que el atropello a la propiedad privada es, simplemente, un delito. Exigimos el respeto a los bienes ajenos”, sostiene el texto aprobado.
Núñez se refirió a un proyecto que el senador Pedro Santacruz había presentado y posteriormente fue retirado, el cual buscaba no configurar hecho punible la invasión de inmueble ajeno cuando ya hayan transcurrido seis meses o más de la fecha de inicio de la ocupación y su denuncia ante el Ministerio Público, en cuyo caso el denunciante podrá iniciar las acciones ante el fuero civil y comercial.
Por su parte, el diputado Pastor Vera Bejarano, del Partido Liberal Radical Auténtico, reclamó que las medidas deben ser aprobadas a la par de políticas públicas que busquen el acceso a la tierra para el campesino paraguayo.
Tras brindar datos porcentuales respecto a la ocupación de las tierras cultivables en Paraguay, destacó que “es importante el respeto a la propiedad privada, pero también hay que promover el acceso a la tierra, porque este es un tema central en nuestro país”.
Mientras tanto, en la Cámara de Senadores estudiarán este jueves un proyecto de ley que propone ampliar los años de cárcel por invasiones de tierra y también blindar las , que rondan las 8 millones de hectáreas, según un informe de la Comisión de Verdad y Justicia.