En esta oportunidad, los diputados se dirigieron a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y a la Empresa de Servicios Sanitaros del Paraguay (Essap) para solicitar los detalles de los aranceles y costos por los servicios de desconexión y reconexión de la energía eléctrica y agua potable, además de la cantidad de empresas que prestan servicios de conexión y reconexión, y la estructura de costos.
Las autoridades aseguran que por el simple hecho de ser servicios básicos para una vida digna, negarlos es una opción válida.
El proyecto de Ley “que elimina el cobro en concepto de conexión, reconexión y reinstalación de los servicios públicos de agua potable y luz eléctrica”, había sido anunciado por Amarilla y Acosta en el mes de enero de éste año y habla de una exoneración de pagos cuando se trate de contratación de servicios y cuando la suspensión o corte haya sido exclusivamente por el no pago de las facturas, pero presentarán el proyecto a la Cámara los primeros días de marzo, en la primera sesión ordinaria.
Además se habla de que “en ningún caso la mora será motivo o causal de corte o suspensión de los servicios referidos, debiendo la empresa garantizar la plena provisión de los mismos. Si por cualquier otra motivación los servicios fuesen suspendidos a los usuarios, los mismos deberán ser restablecidos inmediatamente y sin más trámite, en el plazo de 24 horas de haberse denunciado el corte o suspensión”, indica el documento.