El defensor del Pueblo, Miguel Godoy Servín, se presentó ayer ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción para expresar su preocupación por el lento avance en los diversos procesos que involucran a su antecesor, Manuel Páez Monges, así como también al actual contralor de la República, Enrique García.
Un caso se refiere a la denuncia de cobro irregular de supuestas víctimas de la dictadura stronista y el otro a un supuesto desvío de G. 1.600 millones de recursos que la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) dispuso a favor de la Defensoría del Pueblo.
“Vinimos a reclamar justicia, a reclamar el cumplimiento del rol investigativo por parte del Ministerio Público, no puede ser que 1.600 millones de guaraníes se han llevado de Yacyretá supuestamente para hacer un proyecto para Derechos Humanos, sin embargo nosotros encontramos un edificio donde no existe bolígrafo y se está por caer el techo sobre nuestras cabezas”, expresó Miguel Godoy.
También indicó que buscan saber dónde se fue a parar dicho dinero. “Nosotros estamos verificando y encontramos facturas prefabricadas que no condicen con un gasto real, queremos que la Fiscalía haga su trabajo”, exclamó.
Por otra parte mencionó que la otra denuncia, donde están siendo investigadas “víctimas mau” de la dictadura, también se encuentra estancada. En este caso se lo involucró a García, por dictaminar a favor de personas que, cobraron indebidamente indemnizaciones, violando disposiciones legales y falseando datos, cuando era procurador general de la República.
“Se realizaron varias diligencias en el inicio, varios pedidos de informes, pero la obviedad de la causa hace que se debe abrir un proceso, ya que varias personas cobraron dinero estando privadas de su libertad y así también con habeas data falsificados”, comentó el denunciante.
culpables. Con relación al faltante de G. 1.600 millones, resaltó que deben ser imputados el ex defensor del Pueblo Manuel Páez Monges, así como también la ex directora de Verdad, Justicia y Reparación, Yudith Rolón Jacquet, a quienes acusó de ser los responsables.
Godoy puntualizó que Rolón está siendo protegida por el senador de Avanza País, Adolfo Ferreiro. “Nosotros sabemos que el senador le está protegiendo de manera alevosa, ya que es su candidata a legisladora, es su mano derecha, incluso me llamó el parlamentario para un posible juicio político”, afirmó.
Por otra parte, la investigación contra el contralor García está cajoneada aparentemente por orden del propio fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, quien está buscando su reelección para el cargo que ocupa actualmente, según explicaron altas fuentes. “Si los fiscales se encuentran intimidados que avisen y que denuncien, ya que Ferreiro ya no está en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados”, dijo Godoy exaltado.
Finalmente aseveró que las causas se encuentran congeladas y teme que queden impunes. “No quiero que nos quiten las esperanzas y la dignidad de que se puede ser honestos y manejar la cosa pública como se debe”, acotó.
Ahorro. Godoy también mencionó que actualmente se está ahorrando al Estado más de 70.000 millones de guaraníes, a raíz de que no se firma el dictamen a personas que fueron procesadas por delitos comunes.
“Firmamos a la velocidad de la luz a personas que justifican con documentaciones que fueron víctimas del régimen brutal y dictador del stronismo, si ahorramos G. 70.000 millones quiere decir que era una estructura mecanizada”, finalizó.
Los fiscales intervinientes dijeron que se están realizando diligencias para recabar toda la evidencia para una eventual imputación.