Los legisladores culparon a Horacio Cartes y a las autoridades del Ministerio Público, Policía Nacional, Fuerza de Tarea Conjunta y Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de las últimas muertes de inocentes.
En el documento citaron el artículo 238 de la Constitución, en donde se señala que es el presidente de la República el máximo responsable de la seguridad nacional. Bajo ese concepto, exigen que él sea quien tome las medidas necesarias para esclarecer los casos negligentes de violencia.
Enfatizaron en que, según la Ley Nº 5.036/13, Cartes tiene la conducción de todas las fuerzas militares y policiales en la zona de Amambay, Concepción y San Pedro.
“El descontrol existente es igualmente atribuible a la Policía Nacional, al Ministerio del Interior, las Fuerzas de Tarea Conjunta y a la Senad. No han cumplido con su deber de respetar y cumplir la Constitución”, dicta parte del escrito.
Desde el Congreso también señalaron al Ministerio Público porque demostró “total incapacidad” en la tarea que tiene cometida y han dejado “en manos de funcionarios inescrupulosos el uso desmedido de la fuerza pública”.
Aclararon que concedieron en el Presupuesto General de la Nación todos los recursos requeridos por las fuerzas públicas y el Ministerio Público, por lo que el actuar demuestra “improvisación y corrupción”.
De la misma forma, mostraron su solidaridad con las familias que fueron víctimas de hechos delictivos por parte de la “conducta negligente” de organismos del Estado tras los últimos sangrientos episodios propiciados en Nueva Italia, donde murió una niña de 3 años a manos de agentes de la Senad, y Pedro Juan Caballero, donde 3 personas fueron asesinadas -mientras jugaban vóley- por una banda criminal que era seguida por la Policía.
El documento está firmado por Mario Abdo Benítez, presidente del Senado; Carlos Filizzola, vicepresidente primero, y Carlos Amarilla, vicepresidente segundo.