El robo, la semana pasada, del expediente, demuestra “una irresponsabilidad recurrente” del sistema de administración de justicia de Honduras, y “una peligrosa y permanente lógica de impunidad”, dijo a Efe Víctor Fernández, uno de los abogados de la familia de la líder indígena.
Fernández compareció este martes ante la prensa en la capital hondureña y leyó un comunicado de la Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras, que agrupa a unas 12 organizaciones no gubernamentales.
Cáceres, que tenía medidas de protección ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fue asesinada el pasado 3 de marzo en su casa. Por el caso hay seis personas detenidas.
El expediente sobre el crimen de la ambientalista y líder la etnia lenca fue sustraído por desconocidos el pasado 28 de septiembre durante un asalto en Tegucigalpa a la magistrada de la Corte de Apelaciones, María Luisa Ramos, para robarle su auto, según las autoridades locales.
El informe preliminar del Ministerio Público señala que dos hombres armados que iban en un vehículo se cruzaron delante del que viajaba la magistrada, a la que bajaron del auto y se lo llevaron con rumbo desconocido.
Fernández agregó que con el robo del expediente puede “ser complicado” llegar “hasta las personas que pagaron” por el asesinato de Berta Cáceres, cuyo crimen, dijo, no es común porque la ambientalista confrontaba “intereses de la política económica de este país que esta basada en el extractivimo de su riqueza natural”.
Enfatizó que la familia de Cáceres exige que “se rompa la secretividad del caso, que se permita la participación activa de la acusación privada” y “la intervención” de una comisión internacional de expertos, para asegurar “una investigación exitosa” y que se superen “estos niveles de falta de independencia o de aparente confabulación entre los operadores de justicia y probables autores del crimen”.
La Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras indicó en un comunicado de prensa que la sustracción del expediente del caso de Cáceres refleja que “los hilos de poder se mueven en función de ocultar y proteger a los que ordenaron matar” a la coordinadora general del Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
Destaca que la filtración de información, bajo la idea de “un robo” del expediente, solo demuestra “la escasa voluntad política y negligencia del Gobierno para dar con los verdaderos responsables de la muerte de nuestra compañera Berta”.
Además evidencia la importancia de que una misión internacional de expertos liderada por la CIDH “transparente la investigación” del crimen y “garantice que no habrá impunidad para ninguno de los implicados” en este asesinato.
La Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras apuntó que “no descansaremos hasta lograr juicio y castigo a los criminales responsables de la muerte” de Cáceres, y seguirá “denunciando y luchando por la liberación de nuestros territorios”.
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