Los senadores resolvieron corregir el acta de la sesión anterior para aclarar el resultado de la votación del proyecto de ley que amplía la concesión de la ruta 7 por 30 años más a Tape Porã. Para el efecto se convocó a una sesión extraordinaria a la que asistieron 25 parlamentarios.
Luego de esa decisión la sesión quedó sin cuórum. Los líderes de bancada ahora se reunirán para analizar una convocatoria a otra sesión extraordinaria para tratar nuevamente el documento y dar la posibilidad a los que están a favor de ampliar la concesión.
En caso contrario, al corregir la votación y al no reunir la mayoría, el proyecto de ley quedará como rechazado y volverá a la Cámara de Diputados, según explicó el senador Eduardo Petta.
Fue el mismo legislador quien solicitó la rectificación del acta de la sesión anterior para aclarar los números de la votación, con base en filmaciones y un informe de la Secretaría de la Cámara de Senadores.
El colorado Gustavo Alfonso expresó que ya no se podría analizar la cuestión de fondo de un hecho ya consumado.
En la sesión del miércoles pasado quedó sancionada la normativa con un supuesto resultado a favor de 20 votos a 18. Su aprobación generó polémica en varios ámbitos por aceptar ampliar una concesión sin hacer una licitación.
Sin embargo, el ambiente se caldeó aun más cuando salió a luz el registro oficial de la votación, en el que se detallaban los números oficiales de la votación. En el documento se indicaba que se tuvo un empate de 20 votos para cada bando.
El tratamiento del proyecto de ley ya generó un largo debate que duró alrededor de tres horas en la sesión pasada.
Entre los argumentos para el rechazo estuvieron –además de la inconstitucionalidad–, la violación de otras leyes y denuncias de una serie de irregularidades detectadas por la propia Contraloría en relación a la empresa.
Para la senadora Desirée Masi, del Partido Democrático Progresista (PDP), el presidente de la República, Horacio Cartes, se expone a un juicio político si promulga el documento, al que califica como inconstitucional.
También manifestó que el ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, incurrió en tráfico de influencia debido a que su padre figura como accionista del consorcio Tape Porã.
Otros legisladores que hablaron sobre la inconstitucionalidad del proyecto sancionado son Miguel López Perito, Esperanza Martínez, Silvio Ovelar y Eduardo Petta. Para el liberal Miguel Abdón Saguier, sus colegas pisotean las normas al llamar a una sesión para revocar una decisión ya tomada.
Fueron los senadores oficialistas y oviedistas, con el apoyo de los liberales, los que apoyaron el proyecto de ley que amplía el plazo de la concesión de la ruta 7 a Tape Porã hasta el 2053.
Esta propuesta, que fue presentada y aprobada en Diputados, permite la renovación por otros treinta años más, a partir del 2023, de la concesión y mantenimiento de un tramo de 113 kilómetros de la ruta 7. Es decir, se adelantaron 7 años para renovar la concesión a la empresa.
Tape Porã se compromete a invertir USD 130 millones para duplicar (a 4 carriles) 113 km de la ruta 7, entre el km 183 de Caaguazú hasta el km 296 de Minga Guazú. Según habían informado los directivos, la empresa recauda G. 80.000 millones al año en los dos peajes de la ruta 7.