Los fiscales Carlos Maldonado, Lorenzo Lezcano, Gedeón Escobar e Irene Álvarez fueron recusados por la defensa de los procesados en la causa que indaga sobre la desaparición de la niña de 7 años, en Emboscada.
En ese sentido, el abogado Max Narváez dijo a un medio local que los agentes del Ministerio Público cometieron graves irregularidades y perdieron la objetividad. Además, denuncia que no les entregaron la carpeta fiscal.
El letrado aseguró que los fiscales incluso se reunieron con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, quien les pidió informes sobre su trabajo y les dio instrucciones. Aseguró que esto atenta contra lo establecido en la Constitución Nacional.
Para el defensor, la Fiscalía Adjunta debe hacer lugar a la recusación de los fiscales atendiendo a que existen causales suficientes.
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“Mis clientes ya aportaron todo lo que saben, ellos son inocentes. La Fiscalía y la Policía insisten en que mis clientes son culpables. En ningún momento se plantearon que ellos sean inocentes. Se dejan influenciar por organizaciones pagadas y pierden su objetividad. Son unos inútiles, deben buscar a la niña con vida”, dijo el abogado.
Respecto a la negativa de la madre a someterse a pericias sicológicas, el abogado aseguró que tanto los fiscales como peritos tienen prejuicios en el caso, por lo que consideró que era lo correcto negarse a los estudios.
El caso
La niña de 7 años desapareció hace cinco meses de forma misteriosa cuando se encontraba en compañía de su madre y su padrastro en una vivienda de Emboscada.
El padrastro de la niña desaparecida fue imputado en un primer momento por el supuesto hecho de violación del deber del cuidado y abandono, luego se amplió la causa a pornografía infantil.
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El hombre se encuentra recluido en la Penitenciaría Regional de Misiones, en donde cumple con la medida de prisión preventiva.
Por su parte, la madre de la niña también está con prisión preventiva tras ser imputada por violación del deber del cuidado y abandono.
Los nombres de la niña y de sus padres se omiten en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez, que prohíbe la publicación de datos que posibiliten identificar a los menores de edad en condición de víctimas o supuestos autores de hechos punibles.