Las entidades, entre ellas Participación Ciudadana (PC), capitulo dominicano de Transparencia Internacional, también pidieron investigar si la multinacional entregó dinero para la modificación de la Constitución, que en 2015 permitió reintroducir la figura de la reelección, que Medina logró en los comicios de 2016.
Además de PC, la denuncia fue presentada por el Centro Juan XXIII, Fundación Masada y Santiago Somos Todos.
Según las citadas organizaciones, “la duda” que las autoridades deben esclarecer es si el oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) “recibió fondos de Odebrecht, a través de las empresas Polis Caribe y Cine&Art2013, ambas propiedades del publicista brasileño Joao Santana, tal y como afirman varios altos funcionarios de esa empresa en instancias judiciales de Brasil”.
“De confirmarse la veracidad de las delaciones premiadas en Brasil de esos funcionarios, se habría violado en la República Dominicana su Constitución y también la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, el Código Penal, la Ley Electoral y la Ley de Lavado de Activos”, apuntaron.
La Ley Electoral, señalaron, “es clara y reiterativa en tipificar y penalizar lo ilícito del uso de fondos extranjeros en campañas internas, así como en la obligación de transparentar todos los ingresos y egresos de los partidos políticos”.
El gobernante negó el pasado 8 de marzo haber recibido dinero de la constructora brasileña Odebrecht para financiar la campaña electoral de 2012, que le llevó por primera vez a la Presidencia.
Santana, el principal asesor de Medina y que dirigió campañas presidenciales en Brasil y otros países de América Latina y África, fue condenado en febrero pasado a ocho años de prisión por sus vínculos con la red de corrupción que operó en la brasileña Petrobras.
En su demanda, las organizaciones recusaron al procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, por su condición de miembro del Comité Central del PLD y “activismo político partidario en la campaña del entonces candidato Danilo Medina Sánchez, en violación a lo que establece la Ley Orgánica del Ministerio Público”.
Los denunciantes confiaron en que su acción contará con el respaldo de las autoridades, “como forma eficaz y definitiva de aclarar la veracidad o la falsedad de las declaraciones de los altos ejecutivos de Odebrecht” y recibirán “el apoyo decidido de todos los dominicanos de buena voluntad, como una evidencia más de la invariable determinación de poner fin a la era de la impunidad en República Dominicana”.
Odebrecht, que admitió el pago de 92 millones de dólares en sobornos para agenciarse contratos públicas en el país, alcanzó un acuerdo con la Procuraduría dominicana, mediante el cual delatará a quienes recibieron esos pagos irregulares, además de desembolsar 184 millones de dólares en los próximos ocho años como indemnización.