Encadenada frente a los tribunales del Palacio de Justicia, la mamá de Belén Whittingslow volvió a pedir a los ministros de la Corte que resuelvan la acción de inconstitucionalidad planteada en agosto del 2019 contra la orden de captura que pesa sobre su hija.
Esta orden de captura, emitida por la jueza Lici Sánchez, guarda relación con la causa donde la joven está procesada por una supuesta compra de notas en la Universidad Católica de Asunción (UCA). Sin embargo, Belén asegura que ella no tiene nada que ver con el caso y que conoce a los “vendenotas”.
La madre de Belén recordó que una auditoría de la Corta Suprema de Justicia corroboró que se trata de una orden “nula e ilegítima” y que la jueza tenía que haber sido suspendida por el máximo órgano judicial.
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“Acá apremian los tiempos. Hace cuatro años que mi hija está con un refugio involuntario y con problemas de salud”, dijo la madre a NPY.
“¿Cuánto tiempo van a tardar para volver a conformar la Sala Constitucional?”, se preguntó, en alusión al ministro de Corte Antonio Fretes, quien se jubilará.
“Estoy horrorizada mirando una Declaración de Derechos Humanos. ¿Dónde están los derechos humanos de mi hija? Con una captura nula y sin una defensa jurídica. Yo quiero justicia para mi hija y que anulen la orden de captura”, reclamó la madre, al mismo tiempo de sostener que no se trata de un “capricho”.
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Y siguió diciendo que “lo que están haciendo con mi hija es robándole vida. Mi mamá de 97 años clama por verla a su nieta. ¿Qué más le quieren robar?”, expresó su madre, quien volvió a pedir a los ministros que resuelvan ya la acción antes del 9 marzo, de lo contrario serán “responsables de lo que le pase a mi hija y mi familia”.
Mientras tanto, Belén continuará en Uruguay con refugio político, estatus que consiguió luego de que fuera desestimada su denuncia por acoso contra el ex presidente del JEM y profesor de Derecho en la Universidad Católica, Cristian Kriskovich.
En aquella ocasión, la Fiscalía calificó de “galanteo” las insinuaciones del profesor y poco después la jueza Lici Sánchez ordenó su captura por una causa previa por supuesta compra de notas en la misma institución. La acción de inconstitucionalidad sigue sin resolverse desde hace cuatro años.