Indignados denuncian agresión de seguidores del intendente de Concepción

Un grupo de ciudadanos indignados de Concepción acusaron a los seguidores del intendente Alejandro Urbieta de supuestos hechos de agresiones contra los manifestantes, quienes desde hace 124 días protestan exigiendo la renuncia del jefe comunal.

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La manifestación en Concepción exigiendo la renuncia del intendente Alejandro Urbieta, se realiza desde hace 24 días.

Foto: Justiniano Riveros.

Los pobladores indignados denunciaron que, supuestamente, el intendente de Concepción, formó un equipo violento de “antiescrachadores”. Este grupo estaría integrado por funcionarios municipales y ciudadanos barriales.

De acuerdo a la denuncia, en la noche del viernes, se registraron agresiones durante la movilización de las personas que piden la renuncia del jefe comunal.

Los denominados “antiescrachadores” habrían perseguido a los líderes de ciudadanos indignados y golpearon a uno de ellos, ante la inacción policial. También habrían destruido el equipo de sonido de los manifestantes.

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“Los hurreros de Tati retiraron a la fuerza el motocarro de sonido, destruyeron el equipo y golpearon al abogado José Samaniego, frente a los agentes policiales que no se atinaron a actuar”, según explicó, Zulma Mora, una de las indignadas.

“Lamentablemente, la Policía no resguarda a los ciudadanos indignados, es evidente que responde a las órdenes del clan Urbieta, que lidera Hugo Urbieta, padre del intendente y el diputado Luis Urbieta”, señaló Digna Ortiz, otra manifestante.

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Según ellos, la Policía Nacional actúa rápido si se trata de denuncia de parte del intendente y su entorno, sin embargo, ellos son violentados frente a los uniformados y no se toman acciones.

La violencia sube de tono cada noche y los manifestantes ya no tienen la garantía constitucional de seguir en las calles.

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Los pobladores de se manifiestan hace 124 días para exigir la renuncia del intendente , quien está imputado por lesión de confianza, apropiación y desacato.

El jefe comunal cuenta con varias denuncias en su contra, una de ellas relacionada con la supuesta venta fraudulenta del Puerto Municipal a la firma TLP SA (Terminales y Logística Portuaria SA), un inmueble de 6,2 hectáreas enajenado por USD 700.000.

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