La fiscala de Natalia Elizabeth Montanía imputó a 10 presuntos invasores de inmuebles rurales ubicados en la colonia Toryvete, propiedad de la firma Desarrollo Madereros SA. La representante del pidió la prisión preventiva de los sospechosos, quienes permanecen recluidos en una dependencia policial.
Los imputados están identificados como Benjamín Ramón Cuenca Moral, de 47 años, Gerónimo Fabián Gutiérrez Argüello (18), Marcial Acosta Garayo (35), Carmelo Montiel Ruiz Díaz (43), Wilson Daniel Cubas Peñalber (20), Wilson Acosta Garayo (34), Arcadio Flores López (67), Jefet Derlis Colmán Dávalos (33), Teófilo Fariña Ferreira (41) y Joel Galeano Colmán (28), quienes soportan proceso por invasión de inmueble y coacción.
Según la investigación, las personas habrían encabezado la invasión de manera violenta, clandestinamente y sin contar con la autorización del propietario de los inmuebles, que están individualizados como finca 13047, según el padrón 16.449 de la Dirección General de los Registros Públicos.
La denuncia sobre el atropello fue radicada el 3 de octubre de 2019 por el ciudadano Miguel Ángel Ríos Velázquez, en su carácter de jefe de operaciones de la empresa Desarrollo Madereros, informó el periodista de Última Hora Edgar Medina.
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Tras numerosos actos investigativos, finalmente la Fiscalía y la Policía Nacional realizaron una intervención en el lugar este miércoles y constataron la presencia de aproximadamente 100 personas, entre hombres, mujeres y niños, quienes presuntamente estaban armados con garrotes y machetes.
Los supuestos ocupantes irregulares demostraron una actitud belicosa y conducta renuente a desocupar los inmuebles, pese a la existencia de una orden judicial de por medio, según informó la Fiscalía.
Tras ser informado sobre los alcances del procedimiento y ante la flagrante comisión de los hechos punibles, la fiscala interviniente ordenó el desarme y detención de los hoy imputados, quienes fueron informados de sus derechos procesales y constitucionales. Los mismos estaban acompañados de los abogados Ramón Acosta y Julio César Martínez.
A raíz de la gravedad de los hechos presumiblemente cometidos, la fiscala Natalia Montanía requirió al Juzgado Penal de Garantías que convierta en prisión la detención preventiva de los 10 sospechosos. Igualmente, estimó suficientes cuatro meses de plazo para la presentación del requerimiento conclusivo.