En el documento entregado ante el juez federal Santiago Casanello, De Vido, ministro durante los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y su esposa, Cristina Fernández (2007-2015) remarcó que “no hay ninguna prueba directa” que lo vincule con la situación que se investiga, informaron a Efe fuentes de su entorno.
Además, aseveró no conocer a Adrián López, exdirectivo de Infiniti Group, una firma “fantasma” que presuntamente proveía de facturas falsas a otras empresas, ni al contable Andrés Galera, también nombrado en la investigación.
El pasado 30 de agosto, el juez ordenó la citación a declarar como investigados del actual diputado y de José López, que fue secretario de Obras Públicas durante el mismo periodo y que está detenido desde junio pasado, tras ser sorprendido “in fraganti” mientras arrojaba bolsos con casi 9 millones de dólares a un monasterio.
Estas citaciones se dieron luego de que el fiscal Carlos Stornelli lo pidiera en julio en el marco de la investigación de presunta defraudación por “administración fraudulenta” en perjuicio del Estado, posible cohecho y negociaciones incompatibles en la contratación de los gasoductos norte y sur durante el Gobierno de Kirchner.
La investigación del “caso Skanska” se inició en 2006 a partir de denuncias de supuestos sobreprecios en obras de ampliación de gasoductos bajo control del Ente Regulador del Gas (Enargas) en las que intervino la constructora con la financiación de un fideicomiso administrado por el estatal Banco de la Nación Argentina.
Si bien el caso había sido cerrada, en abril pasado la Cámara Federal de Casación resolvió su reapertura y el fiscal pidió la indagatoria de, entre otros, De Vido y López, quien ya acudió ayer a los juzgados y rechazó los cargos.
Según Stornelli, hay pruebas suficientes para sospechar que Skanska, en el marco de la contratación de los servicios para la construcción de obras de ampliación de esos gasoductos, participó en la “maniobra” que posibilitara la entrega de “dádivas o comisiones indebidas a funcionarios públicos”.
El fiscal, en un dictamen, argumentó que hay sospechas de que aquellas “comisiones indebidas” o parte de las mismas “podrían haber sido destinadas” a López y De Vido durante el kirchnerismo.
Los dos están afectados en la actualidad por diversos casos judiciales.