” La candidatura del Estado Paraguayo al Consejo demuestra una profunda incoherencia de las actuales autoridades estatales de nuestro país.Consideramos que un Estado que desee formar parte de esta instancia debe demostrar que los derechos humanos constituyen una prioridad en su agenda, lo cual debe traducirse en acciones concretas. Pues bien, hoy el Estado Paraguayo está realizando numerosas acciones contrarias a los derechos humanos”, dice.
“En el ámbito institucional, observamos una falta de voluntad política para adoptar medidas que mejoren estas condiciones institucionales, y para frenar retrocesos que venimos constatando. Una Defensoría del Pueblo que no cumple con su rol constitucional y un Defensor del Pueblo con mandato fenecido hace seis años; la decisión de quitar el rango de Viceministerio a la temática de derechos humanos a través de un decreto de junio de este año; y una deficiente actuación del Ministerio Público, expresada en criminalizar a dirigentes y personas vinculadas a organizaciones campesinas, criminalización que recientemente se ha extendido a un movimiento estudiantil; son tres señales concretas de una situación de precariedad y retrocesos en materia de institucionalidad estatal respecto a derechos humanos”, agrega
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El comunicado sostiene igualmente que en materia legislativa, “persiste la ausencia de una ley contra toda forma de discriminación”, a pesar de la existencia de un proyecto de ley que ya fue presentado hace siete años, elaborado por un colectivo de organizaciones de la sociedad civil.
“Respecto a esta temática es importante también recordar las desarcertadas declaraciones del Canciller Nacional en el contexto de la 44° Asamblea General de la OEA, quien expresó que el Estado paraguayo no firmará la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación. Otro punto negativo en el ámbito legislativo es la inconstitucional reforma parcial de la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna, llevada a cabo el año pasado, a través de la cual se otorgan poderes adicionales al Poder Ejecutivo para la utilización de las Fuerzas Armadas en aspectos que hacen a la seguridad interna”, sostiene.
“El sistema de justicia tampoco está exento de acciones contrarias a los derechos humanos. Citemos dos hechos emblemáticos. Por un lado, en el caso Curuguaty, observamos numerosas violaciones al debido proceso que afectan a campesinas y campesinos procesados; elementos que demostrarían ejecuciones arbitrarias de al menos 7 de los 11 campesinos muertos; falta de investigación por parte de las instancias correspondientes sobre las probables ejecuciones; casos de tortura no investigados en forma eficiente. Por otro lado, la impunidad reinante respecto a los al menos 115 casos de ejecuciones arbitrarias y desapariciones forzadas de dirigentes y miembros de organizaciones campesinas, ocurridos entre 1989 y 2013", añade.
Asimismo, indica que es importante señalar “el patrón represivo estatal que sigue persistiendo y que ha venido profundizándose”. “Este patrón tiene parte de su expresión en operativos de represión policial permanente a organizaciones campesinas que se movilizan en demanda de sus reivindicaciones, y en acciones de amedrentamiento y abusos cometidos en contra de comunidades campesinas en diversas localidades y más particularmente en los departamentos de San Pedro y Concepción”, manifiesta.
La Codehupy refiere que los elementos expuestos constituyen suficientes motivos para señalar que el Estado paraguayo no reúne las condiciones necesarias para ser miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. “El accionar del Estado paraguayo hoy está generando numerosos retrocesos en materia de derechos humanos, y persiste la falta de voluntad política necesaria para frenar estos retrocesos y para mejorar la situación de los derechos humanos en nuestro país”, finaliza.
La elección de nuevos miembros para el Consejo de DDHH de Naciones Unidas se realizará este martes.