La primera fase de audiencias está prevista que comience este lunes en Curitiba, capital del sureño estado de Paraná, donde se concentran las investigaciones del caso Petrobras, y continuará el miércoles y viernes.
Moro aceptó la solicitud de la defensa del Lula y dispensó al expresidente y a su mujer, Marisa Letizia, quienes estarán representados este lunes en la audiencia de instrucción por sus abogados.
Entre los testigos que serán escuchados por Moro se encuentra el exsenador Delcidio Amaral; los exdirectores de Petrobras Paulo Roberto Costa y Nestor Cerveró; el cambista Alberto Youssef, y el lobista Fernado Soares.
Las audiencias se enmarcan dentro del juicio abierto contra Lula para investigar la supuesta propiedad de un inmueble en localidad costera de Guarujá, en el litoral de Sao Paulo.
La Fiscalía sostiene que Lula y su esposa recibieron ilegalmente alrededor de 1,1 millones de dólares de la constructora OAS, ya condenada por los desvíos en la petrolera estatal, mediante la reforma y decoración de un apartamento triplex con vistas al mar.
Lula, de 71 años, ha reiterado que no es propietario del apartamento de tres planas en Guarujá e insiste en que nunca ha cometido una ilegalidad a lo largo de su vida.
El ex jefe de Estado tiene varias causas abiertas en la Justicia brasileña por su presunta implicación en el escándalo de corrupción de la petrolera estatal, por el que están siendo investigados medio centenar de políticos, exdirectivos de la compañía y ejecutivos de las principales constructoras del país.
Lula, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2010, ha denunciado una “cacería judicial” en su contra, especialmente por parte del juez Moro, y llevó su caso ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que aceptó a trámite su denuncia.
La defensa del expresidente denunció esta semana a Moro por “abuso de autoridad”, un delito que contempla penas de entre diez días y seis meses de arresto, además de otras sanciones administrativas y civiles.
Mientras Lula defiende a capa y espada su inocencia, la Fiscalía del estado de Paraná sostiene que el exmandatario es el “comandante máximo” de la red de corrupción que durante una década operó en Petrobras.
No obstante, al aceptar la denuncia de la Fiscalía contra Lula, el juez Moro recalcó que la decisión de enjuiciar al exmandatario no supone un “dictamen conclusivo”.