La Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados recibió hoy a representantes de las asociaciones de supervivientes y familiares de las víctimas del ataque, que expusieron las razones que, a su juicio, justifican la aprobación del proyecto.
Así, la titular de la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (Apemia), Laura Ginsberg, aseguró durante la reunión que tras “casi 23 años con falta de respuestas” el objetivo de esta iniciativa es trabajar por el esclarecimiento del atentado.
Para la representante de la asociación, hay un “encubrimiento” que “dura hasta hoy” y que pone en evidencia el “abrumador fracaso del Poder Judicial” a la hora de investigar un ataque de semejante magnitud, y esperó que la creación de esta comisión pueda servir como “verdadera alternativa para superar tantos años de impunidad”.
El proyecto fue presentado el pasado 27 de septiembre por diputados del oficialismo y de algunos grupos de la oposición con el apoyo de un sector de familiares de víctimas del atentado con base en una propuesta que lanzó en 2014 el entonces diputado nacional Claudio Lozano (Unidad Popular).
La propuesta también cuenta con el aval del ministro argentino de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, que se manifestó a favor de la iniciativa después de recibir en audiencia a integrantes de Apemia el pasado septiembre.
No obstante, debido a la acumulación de proyectos pendientes en el Congreso argentino, el debate sobre la apertura de la comisión no se celebrará hasta después del comienzo en marzo del próximo curso electoral.
La idea es que la comisión tenga una mínima representación de diputados y senadores, y esté conformada en su mayoría por expertos en el caso y por familiares de víctimas del atentado.
El atentado contra la AMIA fue el segundo contra sedes judías en Argentina, después de que 29 personas murieron en 1992 al explotar una bomba frente a la Embajada de Israel en Buenos Aires, un ataque también atribuido a Hizbulá.
Ambos atentados permanecen impunes, como también la muerte, en enero de 2015, del fiscal encargado de la investigación del atentado a la AMIA, Alberto Nisman, que aún hoy se desconoce si fue suicidio u homicidio.