Un extraño caso de venganza entre comerciantes involucró al vicepresidente Juan Afara y al fiscal general, Javier Díaz Verón.
Desde hace dos días Osvaldo Enrique Dávalos López está guardando reclusión en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Desde su celular se hacían llamadas y enviaban mensajes extorsivos y con amenazas a las mencionadas autoridades estatales y a un abogado de la zona de Caazapá.
Sin embargo, la investigación siguió y el Departamento de Antisecuestros de la Policía Nacional dio con el paradero de otros dos hombres, uno de ellos de apellido Sarubbi.
Sarubbi y Dávalos López se dedican a lo mismo, tienen un negocio de venta de celulares y accesorios, y esta competencia comercial sería el trasfondo del problema.
Según los investigadores, Sarubbi fue quien el pasado viernes, con ayuda de un técnico de celulares, clonó el chip de Dávalos y durante el fin de semana se dedicó a realizar amenazas a las autoridades.
A Afara le solicitó la suma de G. 40 millones y a Díaz Verón G. 20 millones, a cambio de no asesinarlos, violar a sus parientes o secuestrarlos. El monto solicitado debía ser dejado en una esquina de la plaza Uruguaya.
Lo que también llamó la atención de los investigadores es que ambos jóvenes son bastante conocidos en Caazapá, de donde son los dos. Entre sus familiares estarían varias autoridades políticas departamentales.
Los detenidos están declarando este viernes ante el fiscal Federico Delpino y el caso está a cargo del Ministerio Público.
El detenido manifestó que su chip murió el fin de semana y el lunes logró activarlo de vuelta y funcionaba con normalidad. Justamente las llamadas extorsivas se realizaron el fin de semana y sin cuidar detalles como el rastreo del número de teléfono.