La acción fue presentada por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) y la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (Cdia), tras las expresiones de estas personas durante la audiencia pública convocada en el marco del análisis de la propuesta que busca derogar el convenio con la Unión Europea y Paraguay.
La denuncia es por apología al delito y amenaza de hecho punible. La querella se basa en las expresiones que apuntan a incitar a la ciudadanía a cometer hechos delictuosos. Se pide una investigación fiscal con base en los registros, grabaciones, entre otros.
Una de las personas denunciadas es el ciudadano identificado como Richard Berendsen, quien expresó que…”si alguien de estas organizaciones quiere meterse con mi hijo, con mis sobrinos, con los hijos de mis amigos, bala van a recibir de mi parte si es necesario”.
Asimismo, se señala a la concejala departamental de Alto Paraná, Sandra Miranda, por haber dicho que “no está dispuesta a perder su derecho a discriminar”. Además, se menciona a una mujer cuya identidad se desconoce, pero quien se había presentado como afiliada a la ANR.
La Codehupy y la Cdia expresan su preocupación en lo que respecta a un patrón que ha venido creciendo en los últimos años y que fomentan el odio por cuestión de “raza, religión, nacionalidad, género, orientación sexual, discapacidad u otra característica”, según informaron.
El Ministerio Público ha notificado que abrió la causa No. 148/2022 “Personas innominadas sobre hecho punible a determinar”, y está a cargo de la fiscal Sussy Riquelme, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles sobre los Derechos Humanos de la Fiscalía.