La invitación la formuló en una audiencia ante la CIDH la secretaria de Derechos de los Niños y Adolescentes del Ministerio de Justicia y Ciudadanía de Brasil, Cláudia de Freitas Vidigal.
“Será un placer recibirlos”, dijo la secretaria en respuesta al comisionado James Cavallaro, que ofreció una visita de la CIDH en varios estados de Brasil para evaluar la situación de los menores que han cometido crímenes y son recluidos en centros especiales de internamiento.
Durante la audiencia, 27 organizaciones denunciaron la existencia de una “política institucionalizada de violación de derechos humanos” que impacta en los adolescentes que han cometido un delito y no tienen edad de responsabilidad penal, establecida en Brasil en los 18 años, aunque ha habido intentos de rebajarla a los 16 años.
“Hay un problema de superpoblación en los centros donde estos adolescentes son internados y es difícil proteger su integridad física y psicológica”, afirmó Dillyane Ribeiro, abogada del Centro de Defensa de Niños y Adolescentes Centro (CEDECA, por su sigla en portugués).
Ribeiro también denunció cacheos humillantes por parte de guardias de algunos de estos centros para menores, que supuestamente obligan a los adolescentes a desnudarse.
Además, Ribeiro puso de ejemplo una unidad de internamiento del estado de Espíritu Santo (sureste), donde los “guardias ejercen tortura con cachiporras y gas pimienta” y llegan a usar armas paralizantes y aparatos de electrochoque para paralizar a los adolescentes.
En respuesta, el Gobierno de Brasil defendió los esfuerzos que se han hecho en los últimos años para garantizar el acceso a la educación y la salud de los adolescentes recluidos.
Brasil también protagonizó hoy otras dos audiencias, una sobre la violencia contra los afrodescendientes de la comunidad de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales (LGTB) y otra sobre denuncias de encarcelamiento, malos tratos y tortura en el sistema carcelario del país.
En esa audiencia, las partes abarcaron las sangrientas revueltas que se produjeron en las primeras semanas del año en Brasil en diferentes cárceles de los estados de Amazonas, Roraima y Río Grande do Norte, unos episodios que dejaron un balance final de más de 130 presos muertos.
Después de las reyertas, el entonces secretario de Juventud de Brasil, Bruno Júlio, dijo al diario O Globo que debería haber “una matanza por semana” en las cárceles del país.
“Lo que había era que matar más (presos), tenía que haber una matanza por semana”, afirmó Júlio, que tuvo que presentar su dimisión tras los polémicos comentarios.
Las declaraciones salieron a relucir hoy durante la audiencia y Cavallaro consideró que esa era la misma lógica que estuvo tras el episodio de Carandirú, donde en 1992 murieron 111 presos, la mayoría por disparos de agentes, y que está considerada como una de las mayores violaciones de derechos humanos en Brasil.
“La lógica de que el preso tiene que morir es una lógica que tiene que cambiar, el Estado tiene que lidiar con todo eso con los instrumentos propios del Estado”, dijo Cavallaro.
En el interior de las cárceles brasileñas se ha recrudecido la disputa entre facciones rivales por el control del tráfico de drogas.
Además de la guerra entre clanes rivales, las prisiones sufren graves problemas de salubridad y de hacinamiento, que colocan a Brasil como el país con la cuarta mayor población carcelaria del mundo, por detrás de Estados Unidos, China y Rusia.
De acuerdo con un informe del Consejo Nacional de Justicia divulgado en febrero por la estatal Agencia Brasil, el país alberga a 654.372 presos en las cárceles del país, de los cuales el 33,7 % está interno de manera provisional a la espera de un juicio que dictamine su condena o absolución.