La suma pagada, que abarca solo una parte de las más de veinte empresas que han nacionalizado Bolivia desde que el presidente Evo Morales asumió el Gobierno en enero de 2006, aparece reflejada en el informe anual de la Procuraduría General del Estado de 2016, que fue conocido hoy por Efe.
Entre las 12 empresas figuran la española Iberdrola, a la que el Estado boliviano pagó 34 millones de dólares en 2015 después de nacionalizar sus cuatro filiales en 2012.
Bolivia también llegó a un acuerdo con Red Eléctrica Española, que recibió 36,5 millones en 2014 tras pasar a control estatal en mayo de 2012 su filial boliviana en el sector de transmisión.
Otras de las nacionalizaciones que acabaron con “arbitrajes cerrados exitosamente mediante procesos de negociación” fueron de filiales de la telefónica italiana Telecom y de las petroleras Shell y Pan American Energy LCC, entre otras.
La Procuraduría, una institución creada por la Constitución de 2009 que defiende los intereses legales del Estado, afronta actualmente otros seis procesos de arbitraje con trasnacionales.
Entre estos seis casos está el de la compañía de infraestructuras española Abertis, a la que el Estado boliviano expropió la gestora de aeropuertos Sabsa (participada por la también española Aena en un 10 %), que se ocupaba de los tres principales aeropuertos del país (La Paz, Santa Cruz y Cochabamba).
Las otras cinco multinacionales en litigio con el Estado boliviano son la chilena Quiborax, la británica BP Global Investments, la canadiense South American Silver, la india Jindal Steel Bolivia y la suiza Glencore.
Desde que Morales y su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), alcanzaron el poder en 2006, el Gobierno realizó una serie de nacionalizaciones de empresas “estratégicas” en las áreas de hidrocarburos, energía, infraestructuras y telecomunicaciones.
Esta política, sumada a la creación de otras empresas estatales como Boliviana de Aviación (BoA), ha supuesto que el Estado gestione alrededor del 40 % del Producto Interior Bruto del país.
No obstante, las últimas nacionalizaciones importantes se produjeron en 2012 y en octubre de 2015 el procurador general del Estado, Héctor Arce, afirmó que la etapa de “nacionalizaciones importantes” había “culminado con éxito”.