Desde la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (), en atención a los 35 años de la caída de la dictadura y 35 años de la instalación de la democracia, ratificaron más que nunca la importancia de la misma para la construcción del verdadero Estado Social de Derecho que asegure los derechos humanos a todas las personas, sin ningún tipo de discriminación.
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“Vemos con suma preocupación el crecimiento de modelos autoritarios en la región y en Paraguay, que no solo cierran los canales de diálogo y construcción participativa, sino que relativizan los derechos humanos, las políticas sociales y las políticas de memoria, potenciando inclusive los sistemas represivos y de criminalización de personas defensoras de derechos humanos”, señalaron.
Asimismo, indicaron que el modelo que busca imponer el actual gobierno de llevar adelante políticas públicas, leyes y reformas estructurales sin diálogo y contrapesos, es exactamente el camino contrario al fortalecimiento de la democracia.
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“Estamos convencidos que el camino es más democracia y el respeto irrestricto de los derechos humanos”, remarcaron.
Por otra parte, recordaron que si bien en estos 35 años se ha logrado avances significativos en el reconocimiento de los derechos humanos, de los derechos de los pueblos indígenas, de las mujeres y de los colectivos LGTBIQ+, el Estado Paraguayo tiene deudas importantes en materia de derechos humanos.
“El histórico legado de la Dictadura de Alfredo Stroessner y el Partido Colorado sigue prácticamente intacto: tierras mal habidas no recuperadas, torturadores y asesinos impunes, grandes fortunas producto de enriquecimientos ilícitos, suma precariedad de los sistemas de salud y educación, y un régimen prebendarista y corrupto que pareciera más vigente que nunca”, cuestionaron, sin olvidar las personas que continúan desaparecidas.
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En ese sentido, manifestaron que la construcción de la Memoria es fundamental para que los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura no queden impunes y no vuelvan a pasar.
“La participación y el aporte de la sociedad civil en la construcción de políticas públicas, el control de las acciones del Estado y el fortalecimiento de las instituciones democráticas es fundamental para avanzar hacia el cumplimiento de los derechos humanos”, expresaron.
Finalmente, sostuvieron que el Estado debe asegurar la participación, el diálogo constructivo y el desarrollo de políticas públicas en este sentido.